Aumento de pena no acabará la violencia

El aumento de penas a los menores de edad no solucionará el problema de violencia que se suscita en esta población, advirtió ayer el director del Instituto Interdisciplinario del Ministerio de la Juventud, Familia, Mujer, Niñez y Familia, Diomedes Kaa.

Sostuvo que no se puede decir que la Ley 40 de Responsabilidad del Menor no ha dado los resultados esperados, porque ni tan siquiera ha sido implementada en su totalidad.

"Hemos mantenido la tesis de que la ley tiene una serie de mecanismos que debe complementarse para notar su eficacia, además hay algunas dificultades en lograr que los autores principales de la ley estén en sus puestos como los fiscales, jueces penales y defensores de los procesados", acotó.

Puntualizó que mientras estas posiciones claves no existan, es difícil que se pueda decir que la ley es conveniente o no.

"Lo que sí es conveniente es que se revise para que en el menor tiempo posible sea más eficaz.

La celeridad con la que actúa Marco González es comprensible debido a los hechos de violencia que involucra a adolescentes y hay que buscarle solución", apuntó.

Sin embargo, consideró que no son suficientes argumentos para querer cambiar una norma que no se le ha dado la oportunidad de nacer, pues no existen los jueces, unidades especiales en la Policía Técnica Judicial, ni en la Policía Nacional y una serie de elementos importantes para garantizar su implementación.

Sentenció que el incremento de penas a menores no solucionará el problema, pero lo principal sería revisarla en forma adecuada.

Detalló que el Estado, a través de los centros de resocialización atiende a unos 72 jóvenes mensualmente, que es el período de tiempo que prevé la medida cautelar para determinar su participación en algún acto delicitivo.

Las causas que privan de libertad a un menor son violación carnal, homicidio, robo, tráfico de drogas, terrorismo y secuestro.

Mientras que el legislador Marco González presentó ayer un anteproyecto de ley mediante el cual se aumenta a doce años la pena a los menores que incurran en delitos graves y ordena la fijación de las partidas requeridas para la aplicación de la de la Ley 40.

En la propuesta también se incrementa la detención preventiva de dos a un año, cuando no existe al menos una sentencia de primera instancia; tampoco puede exceder los seis meses sin que haya sentencia de segunda instancia.

Para fines prácticos de esta norma, se considera como delitos "graves", el homicidio doloso, lesiones personales graves, violación sexual, secuestro, robo, tráfico de drogas y terrorismo.

La presentación del proyecto se dio en presencia de dirigentes del transporte, un grupo de personas en sillas de ruedas o lisiadas, quienes habían sido afectadas por la violencia, en la mayoría de los casos por menores de edad.

También estaban viudas y huérfanos que asistieron ayer al pleno legislativo después de participar en una caravana contra la violencia.