Avalancha de anomalías amerita tomar acciones

Actuar ha sido la solicitud del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la ciudadanía ante las irregularidades expuestas por los nuevos funcionarios.

A más de 10 días del inicio del gobierno, las anomalías no cesan, tanto en la capital como en el interior, alcanzando a juntas comunales, municipios, Asamblea Nacional y ministerios.

Las denuncias ante el Ministerio Público que solicitó Mulino no significan que iniciará una persecución política, sino el apego a la ley y continuación de la gestión, dijo el presidente.

Ayer funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) realizaron acciones destinadas a evidenciar las anomalías manifestadas, las cuales se suman a algunas emprendidas la semana pasada.

Estas se desarrollaron en la Junta Comunal de San Francisco y el municipio de San Miguelito, donde la alcaldesa Irma Hernández expuso nombramientos cashback y planillas abultadas.

Gabriel Santamaría, jefe de Asesoría Legal de la Antai, dijo que confirmaron que hay información que no se encuentra físicamente, mientras que el oficial de información no acudía a laborar de manera regular.

"Toda la información debe ser pública y estar físicamente en las instituciones. Corroboramos que en el municipio de San Miguelito hay información que no se encuentra de manera física. El oficial de información solo venía una vez y ese día subía la información", explicó Santamaría.'

7,000

movimientos de personal se detectaron en Ministerio de Educación.

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investigaciones, hasta mitad de semana, ha iniciado el Ministerio Público por estos temas.

De acuerdo con el funcionario de Antai, la inspección ocular se realizó de manera oficiosa y no porque hayan recibido denuncias. Agregó que tras evaluar lo encontrado se podría comenzar una investigación administrativa o facilitar la información al Ministerio Público.

En la Asamblea, en tanto, las destituciones de las supuestas botellas ya alcanzan a 300 funcionarios, comentó su presidenta, Dana Castañeda.

Por su parte la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que revisando los documentos, su equipo halló cuentas por pagar, correspondientes a empresas que recogieron la basura en las escuelas durante la pandemia.

"Tú dices, espérate, en la pandemia las escuelas estaban cerradas. También para esa época hubo traslados de profesores en helicóptero a unos a unos precios sorprendentes", puntualizó.

Además lamentó que se hayan dado más de 7,000 movimientos de personal en el Ministerio de Educación, mientras miles de docentes siguen sin cobrar.

"En la dirección regional de Veraguas desaparecieron los movimientos de los últimos meses, de personal administrativo, piensan que no nos vamos a enterar", mencionó.

Molinar indicó que interponer procesos ante la justicia no siempre es tan fácil debido a que algunas acciones son incorrectas, pero no ilegales.

"No me sé el número de botellas porque no hemos terminado de sacarlo. Encontramos que con un fondo internacional para administrar un préstamo y otros recursos habían 33 personas que ganaban entre 4,000 y 5,000 dólares. Hemos vivido 10 años de una injerencia política, de ver la educación como un botín", precisó.

Por otro lado, la situación divulgada por Hernández en San Miguelito es similar a la que expuso el alcalde del distro de Panamá, Mayer Mizrachi. De acuerdo con Mizrachi, la comuna capitalina no escaba a los nombramientos a cambio de devolver parte del salario a un padrino político.

Esos señalamientos motivaron a los abogados José Antonio Moncada y Heraclio Bustamante a interponer ante las Fiscalías Anticorrupción, una denuncia penal para que se investigue la situación.

En Colón, ayer, el alcalde Diógenes Galván informó sobre la desaparición de 10 vehículos de este municipio, por lo que pidió explicaciones.

El Ministerio Público, además, informó que ha comenzado al menos tres investigaciones, una de ellas en el municipio de Panamá, y las otras en la alcaldía de Calobre y la junta comunal de San Francisco.

En esta última, la representante Serena Vamvas presentó la denuncia penal por los presuntos delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, la administración pública y el patrimonio económico.

Aunque diferentes sectores han pedido denunciar penalmente estas anomalías más allá de las redes sociales, también han abogado por no detener el trabajo utilizando como pretexto la situación.