El abogado y constitucionalista Miguel Antonio Bernal admitió ayer que el tema de una Constituyente no está contemplado dentro de la agenda de la presidenta Mireya Moscoso y con ello no desea entrar en diferencias con la mandataria, pero advirtió que miembros de su gobierno están haciendo "una jugarreta" para que esta figura no se concretice.
Según el excandidato a la Alcaldía de Panamá, también existen políticos que se oponen y le temen a la Constituyente, por lo que anunció que a finales del mes de septiembre comenzará el proceso de recolección de firmas para iniciar este proceso.
Precisó que una Constituyente podría ayudar y mejorar la gobernabilidad de Moscoso, ya que ello ayudará a cambiar la condición del país en todos sus contextos.
Bernal aseguró que al igual que durante el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares, existen quienes dentro del gabinete de Moscoso se oponen al llamado que viene haciendo para convocar una Constituyente.
Para la convocatoria de la Constituyente, Bernal invitó al asesor político de esta figura en Colombia, José Manuel Charris y a los asesores venezolanos del presidente Hugo Chávez.
Advirtió que no entrará en conflictos con quienes le exigieron a Moscoso que "le bajara el volumen", ya que en primera instancia deben aclararle a la ciudadanía cuál ha sido su actuar político.
Mientras tanto, el también abogado y constitucionalista Cesar Quintero se mostró de acuerdo con una Constituyente, ya que a su juicio la Constitución que actualmente está vigente "no resuelve" la mora judicial que aqueja al sistema judicial panameño.
No obstante, consideró que el convocar una Constituyente podría conllevar una serie de riesgos políticos y sociales que el gobierno tiene que analizar profundamente.
Destacó que con la Constitución regente el Organo Legislativo ha obtenido una serie de prebendas y favores amparados en las reformas que se le realizaron en 1983 bajo el gobierno militar.
Por ello, reiteró que tanto el Organo Judicial como el Legislativo no funcionan acorde a la realidad del país y que en estos momentos unas reformas a la Constitución o una Constituyente no mejoraría el sistema judicial panameño.
Para Quintero no existe otra posibilidad que crear otra Constitución, pero el pleno legislativo mantiene perspectiva diferente a los verdaderos intereses del país.
También consideró que con la creación de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y de Casación Laboral, la Corte Suprema de Justicia se ha agravado, ya que fue el producto de un "capricho" con el fin de continuar con la arbitrariedad existente en el país.
Reiteró que los órganos legislativos y judicial "no funcionan", porque estuvieron amparados bajo el paraguas de los militares, por lo que "no queda más remedio" que cambiar la Constitución.
Quintero también consideró que desde que Panamá vive en un estado de democracia la actual Constitución ha quedado "desfasada" debido a los cambios sociales, económicos y de seguridad que ha sufrido el país.
El abogado constitucionalista explicó que el Organo Judicial debe reestructurarse y establecerse dos instancias diferentes; una sería la Corte Suprema de Justicia Ordinaria, que deberá atender los casos civiles, comerciales y penales; mientras que también debería crearse una Corte Suprema de Justicia Constitucional para resolver casos distintos y no extraordinarios
