Caciques indígenas panameños firman acuerdo
- Buenos Aires/
Los caciques de las comarcas indígenas panameñas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá Wounaan, cuya autogestión y administración reconocen las autoridades panameñas, acordaron hoy la creación de una comisión para "acercar" la justicia ordinaria a sus comunidades, informó el órgano Judicial.
La Comisión Interinstitucional de Acercamiento de la Justicia Tradicional Indígena y la Justicia Ordinaria cuenta con el aval del cacique de la Comarcas Ng be Buglé, Máximo Saldaña; de Kuna Yala, Gilberto Arias; y Emberá Wounaan, Betanio Chiquidama.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harley Mitchell, y representantes de la Asociación de Abogados Indígenas de Panamá suscribieron también el documento que desarrollará los instrumentos necesarios para implementar el "Plan de Acercamiento de la Justicia Tradicional Indígena y la Justicia Ordinaria" y la delimitación material de sus competencias.
El proyecto, que cuenta con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla la creación de Centros de Mediación y la publicación de folletos denominados "Justicia Para Todos" en idioma nativo.
Temístocles Rosas, director del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del órgano Judicial, resaltó ante la prensa durante la firma del documento que el acuerdo "fortalecerá la aplicación de justicia para unos 300.000 indígenas que ocupan un 20 por ciento del territorio panameño".
La iniciativa forma parte del Proyecto para el Fortalecimiento y Modernización Institucional del órgano Judicial de Panamá, que respalda la Unión Europea (UE) y busca facilitar el acceso al sistema judicial a todos los grupos indígenas del país.
EL objetivo es salvaguardar en todo caso los derechos humanos universales de cualquier individuo, al aproximar la justicia tradicional nativa, que se reconoce y aplica en los territorios indígenas, a la justicia ordinaria.
El proyecto incluye la figura del administrador judicial, quien informará al juez más cercano de las transgresiones o los delitos que se cometan en las comarcas y rebasen sus costumbres y tradiciones, para que aplique la Ley.
Para desarrollar el programa se contrataron dos consultorías, la última de ellas en 2007, por un monto de 70.000 dólares, a la Comisión Andina de Juristas, que elaboró el "Plan de Acercamiento de la Justicia Ordinaria y la Justicia Tradicional Indígena y un Plan de Capacitación y Divulgación de los Derechos Indígenas" con el que empezará a trabajar la comisión creada hoy.
El plan prevé acciones a corto, mediano y largo plazo para elaborar un documento de trabajo para el efectivo acercamiento de ambos códigos mediante la dotación de tribunales de justicia en las comarcas, capacitación de su personal y usuarios y educación a los indígenas sobre sus derechos individuales.
Los indígenas panameños representan cerca del 11 por ciento de la población total del país, de unos 3,1 millones de habitantes, y viven principalmente en cinco comarcas indígenas legalmente reconocidas, Kuna Yala, Madugandí, Wargandí, Ngobe Buglé, y Emberá Wounán.
La justicia funciona en estas comarcas a través de un sistema de derecho consuetudinario aplicado por autoridades locales, como caciques, "sahilas", congresos locales y otras instancias autóctonas.
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