Canal y Política Exterior (1978-1999)

La firma de los Tratados Torrijos-Carter consagró la entrega del Canal a nuestro país, el desmantelamiento de la colonia y un mayor reconocimiento de la soberanía panameña, en lo que constituye un paso importante en la solución del conflicto y en el perfeccionamiento del Estado.
Pero, tan pronto se firmaron, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley (Ley 96-70 o "Murphy"), que contenía disposiciones violatorias de aspectos importantes de los tratados en perjuicio de Panamá. El gobierno de entonces (Aristides Royo fue el nuevo ungido por Estados Unidos) ensayó tímidas protestas que fueron desoídas y lanzadas al cesto de la basura del Departamento de Estado. Al respecto, recordamos al periodista y amigo don Luis Restrepo Rosas (q.e.p.d.), quien escribió profusamente sobre las violaciones de Estados Unidos a los tratados. Todo fue en vano y, desde entonces, Panamá ha mantenido una actitud pasiva ante las violaciones sistemáticas de Estados Unidos.
Se podrá decir que Panamá tuvo una política independiente al apoyar a los sandinistas en el derrocamiento de Somoza, pero hay que recordar que Jimmy Carter también quería retirarlo del poder y que incluso la O.E.A. aprobó una resolución contra Somoza. En la O.E.A. Panamá permitió que, en su lugar, hablara un representante del movimiento sandinista. O sea que, hasta en sus mejores momentos, la política exterior panameña ha estado bajo el paraguas del Departamento de Estado.
Por ejemplo, desde 1977, el gobierno panameño estuvo cortejando a Japón para interesarlo en la construcción de un nuevo Canal o en la modernización del actual. Panamá suscribió Declaraciones Conjuntas con Japón, y hasta hubo ocasiones en que Estados Unidos -que no miraba bien la presencia de Japón en el Canal- también firmó declaraciones conjuntas con Panamá y Japón, hasta que el presidente Ronald Reagan decidió romper la "luna de miel" de Manuel Antonio Noriega con los japoneses, que estaban dispuestos a construir y financiar el Canal a Nivel.
El gobierno de Reagan montó en furia cuando el militar se negó a encabezar ataques a Nicaragua sandinista, que serviría de pretexto para que Estados Unidos -en defensa de Panamá según el Tratado de Neutralidad- invadiera la patria de Rubén Darío y Sandino. Todo ello (hubo otras razones) se integró dentro de la orden aprobada en el Consejo Nacional de Seguridad de Washington en abril de 1986 para desestabilizar a Panamá, remover a las Fuerzas de Defensa, alejar a los japoneses, revisar los Tratados del Canal y prorrogar la presencia militar de Estados Unidos después del 31 de diciembre de 1999. Hasta allí llegó la independencia de Panamá y el deseo de Omar Torrijos de "diversificar" la dependencia de Panamá con apoyo de otros países, para disminuir la influencia excesiva de los Estados Unidos.
A las razones de orden externo se juntaron las de orden interno, y todo se centró en Noriega como centro del huracán. Violando tratados y absolutamente todos los principios del Derecho Internacional, Estados Unidos se enseñoreó sobre Panamá, rompió relaciones diplomáticas pero los estadounidenses dejaron su embajada, ilegalmente, intacta, convirtiéndola en un nido de conspiraciones e intervenciones; aumentaron su pie de fuerza; desarrollaron agresiones y provocaciones militares; pisotearon el territorio nacional como les plugo; aislaron internacionalmente a Panamá y le propinaron sanciones de todo tipo que hicieron retroceder el desarrollo económico en varias décadas.
En otras palabras: cuando Panamá quiso ejercer su independencia para decidir el futuro del Canal, Estados Unidos se la anuló, porque ello atentaba contra sus "intereses vitales". La invasión del 20 de diciembre de 1989 no se produjo como un hecho accidental y aislado sino como fruto de una decisión cimentada y sustentada en el marco del nuevo orden internacional hegemonizado por Estados Unidos al caer la Unión Soviética.
Cuando el presidente Endara pide la intervención del Comando Sur para sofocar una presunta intentona golpista, el 5 de diciembre de 1990, queda en evidencia la absoluta carencia de independencia de un gobierno que fue juramentado, instalado, custodiado, organizado y fiscalizado por el ejército de ocupación, y todavía queda por aclarar el rol de Estados Unidos en dicha sublevación.
Con la ocupación norteamericana, que duró varios años, se impusieron a Panamá varios acuerdos internacionales francamente lesivos a la independencia del país; los japoneses huyeron espantados y amenazados por Estados Unidos (disminuyeron drásticamente sus depósitos en nuestro centro bancario y financiero internacional, además de que redujeron su presencia en la Zona Libre); modificaron la composición de la Comisión Tripartita de Estudios de las Alternativas al Canal para favorecer a Estados Unidos, y Panamá quedó muy comprometida con las Instituciones Financieras Internacionales. Sin embargo, el presidente Endara rechazó las pretensiones de Estados Unidos de permitir la presencia de sus fuerzas militares más allá de lo pactado y, más tarde, en 1996, se comprometió con la "Declaración sobre el Canal de Panamá" a mantener siempre esta posición.
El presidente Ernesto Pérez Balladares inició su mandato con una abierta colaboración con Estados Unidos en el caso de los refugiados haitianos y cubanos. En 1995 ofreció bases militares a cambio de compensaciones o pagos y, en vista de que Estados Unidos quería las bases sin ofrecer nada a cambio, el CMA o CNN constituyó el medio propuesto para que Estados Unidos pudiera lanzar operaciones militares en la región desde Panamá. Mas el intento fracasó tras las revelaciones en el diario mexicano El Excélsior, que era una crítica del propio gobierno azteca al proyectado acuerdo, y tras las presiones a lo interno del PRD para rechazar el llamado "mamotreto".
En 1995, el gobierno de Pérez Balladares llamó a una licitación internacional de los puertos y la misma fue ganada por la Hutchinson, ahora muy denunciada en el Senado de Estados Unidos por "tener vínculos con China". Lo que no dicen en el Senado es que Pérez Balladares no empezó con una licitación internacional sino que les ofreció la primera oportunidad a la Bechtel Corporation, una compañía con accionistas de la talla del exsecretario de Estado, George Shultz; el exsecretario de Defensa, Caspar Weinberger y otros republicanos que aprobaron la desestabilización de Panamá y la expulsión de Japón, para que se quedaran con los puertos. En lugar de pagar lo justo, la Bechtel ofreció una bicoca que el propio Pérez Balladares consideró como un insulto a los panameños. Querían que les regalaran los puertos como una forma de agradecerles el habernos invadido.