Más del 80 por ciento del gasto público social se destina al pago de planilla, operaciones y transferencias a instancias gubernamentales, pertinentes a la prestación de servicios sociales básicos.
Lo anterior se desprende del Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2002, el cual indica que el gasto de capital o inversión social, se contrae o crece de acuerdo a la evolución de las finanzas públicas y a la posibilidad de conseguir financiamiento externo.
Agrega el documento que el gasto social por persona creció cuatro veces más que el producto nacional por persona, tal como lo ubica la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en B/.642.00 por persona en 1997.
Señala que solamente el 2% del gasto total es ejecutado por los municipios y provincias del país y reitera que hay pocos espacios para la participación ciudadana en la definición de la orientación que deben tener las decisiones de inversión social.
Este análisis demuestra de manera contundente que el modelo de desarrollo del país no responde a las necesidades diversas que emanan de las diferentes expresiones de la pobreza evidente en el país.
A nivel centroamericano, Panamá y Costa Rica realizan un gasto per cápita muy elevado con respecto a los demás países del área, que en la mayoría no alcanza B/.100.00.
Destaca que existen legislaciones, normas y procedimientos vigentes que, en algunos casos, requieren ser revisados para hacer más eficientes el proceso de inversión social.
Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Programación de Inversiones, ha ubicado como problemas la centralización de las decisiones y del manejo de recursos, debilidad de las instituciones públicas, débil capacidad de financiamiento propio, lentitud del proceso administrativo y falta de indicadores apropiados.
En cuanto a la lentitud del proceso administrativo, se plantea que una vez asignadas las partidas presupuestarias, el mismo comprende de diez acciones: planes y diseños, pliego de cargos, convocatoria, homologación, acto público, evaluación, adjudicación, contrato, refrendo y orden de proceder.
Dentro de los ingresos corrientes, los tributarios son los más importantes, al punto que, como promedio, en 1980-2000 han representado el 50.9% de los ingresos totales del Gobierno Central.
El sector público panameño enfrenta un problema de estrechez fiscal, el cual se agudiza en períodos de estancamiento económico. Este problema es de tipo estructural y ocasionado por una baja elasticidad de los ingresos y una marcada rigidez del gasto público, ocasionada principalmente por pagos de planilla e intereses de deuda.
Lo preocupante de esta situación es que el Gobierno Central debe financiar más del 50% de los recursos financieros de su programa de inversión social, mediante fuentes externas como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).