En medio del dolor y el clamor de justicia de parte de familiares, vecinos y amigos, ayer se realizaron las honras fúnebres de los tres niños fallecidos el pasado domingo, en Las Palmitas, Torrijos - Carter, tras ser sepultados por un alud de tierra, piedra y bloques, que se produjo en el muro de contención de uno de los puentes de la segunda fase del Corredor Norte.
Cientos de personas acudieron al Parque del Recuerdo, a darle el último adiós a Eduardo Moreno, de 8 años; Félix Córdoba, de 14, y Michael González, de 10 años, advirtiendo que no descansarán hasta que los responsables de la construcción del Corredor Norte, la empresa PYCSA, pague civil y penalmente por este lamentable hecho.
"Devuélvanme a mi hijo", gritaba una de las madres de las víctimas, mientras que otros familiares de los fallecidos eran llevados de forma urgente a las ambulancias que se encontraban en el lugar ante algunos desmayos y ataques de nervio.
Tras la ceremonia religiosa y a pesar de la irreparable pérdida, al final los niños fueron despedidos con un prolongado aplauso de todos los presentes, en señal de que éste sólo es un hasta luego y que lucharán para que otra tragedia similar o peor no vuelva a ocurrir a lo largo del proyecto carretero.
Mientras esto ocurría, la Comisión Técnica de Investigación designada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para determinar la verdadera causa que provocó el derrumbe del muro que terminó con la vida de los menores de edad, realizaba las inspecciones en el lugar de los hechos.
El vocero de la comisión del MOP, Juan Ramón Abad, afirmó que en los estudios se evaluarán los controles de calidad que se adoptaron para la construcción del muro de contención.
También se analizarán los parámetros y características del relleno para cotejarlo con lo establecido, conforme a los diseños y planos aprobados por el MOP.
Hoy los miembros de la comisión se reunirán con representantes de la firma norteamericana Tensar Earth Technologies, Inc, con sede en Atlanta, Estado de Georgia, EU, quienes son dueños de la patente de este tipo de estructuras.
Por otro lado, un equipo de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales realizará un avalúo a unas 48 residencias ubicadas a lo largo de la segunda fase del Corredor, para determinar el monto de la indemnización y trasladarlos del lugar.
Cecilio Estribí, funcionario de la Dirección de Catastro, explicó que el monto final de las indemnizaciones se dará tras un acuerdo que se alcance entre los moradores, la empresa constructora y el Estado.
Paralelamente ayer las autoridades del MOP acordaron indemnizar a seis familias que denunciaron que sus residencias se vieron afectadas por la construcción de la segunda fase de este proyecto.
