Las consultas sobre la aplicación de la pena de muerte en Panamá sirvieron de vitrina para exponer diversos puntos de vista en torno a qué se hace para evitar el aumento de la criminalidad y si se ponen en práctica políticas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana.
En este encuentro participaron familiares y víctimas de la delincuencia, grupos de la etnia negra y transportistas, que apoyaron o rechazaron la iniciativa presentada por el diputado de Cambio Democrático, Marcos González.
Otras opciones como no establecer rebajas de pena para los condenados por delitos graves y la cadena perpetua fueron expuestas por las agrupaciones.
Arturo Jordán, de la Fundación Bayano, advirtió que si la medida se pone en práctica, los negros serían los primeros condenados por el estigma que se tiene contra ellos.
Agregó que no están de acuerdo con la criminalidad, pero se pueden buscar mejores soluciones a este problema, como corregir la excesiva publicidad que se les da a los asesinos en los medios informativos.
Víctimas de malhechores, como Eusebio Jiménez, mostraron las secuelas que dejó en su físico la agresión recibida y apoyaron al diputado González en su interés de impulsar el anteproyecto o cualquier otro mecanismo que conlleve el endurecimiento de las penas a los homicidas y violadores.
Con voz entrecortada, afirmó que las personas que atentaron contra su vida pasan por su residencia y se ríen de su condición, mostrándose impotente ante tan inhumana acción.
Por parte de los transportistas hubo aquellos como Julio de León, quien propuso que la pena de muerte se establezca solo para quienes reinciden en la comisión de homicidios.
Otros, como Arquímedes Domínguez, atacaron lo que a su parecer es la nula seguridad preventiva que impera en este momento. Hizo referencia a que programas como Vecinos Vigilantes y los dirigidos a la juventud ya no se ejecutan.
Sostuvo que se debe pensar primero en incentivar a los jóvenes y realizar actividades de recreación en los barrios, para después conversar sobre pena de muerte.
El riesgo de que la pena capital pueda convertirse en un arma de doble filo, debido a la impunidad y corrupción que existe en el sistema de justicia, fue sustentado por el sicólogo Glen Roy James.
Según el representante de la etnia negra, en Panamá hay un grave problema de impunidad y, mientras los ladrones de saco y corbata son beneficiados con casa por cárcel, los pobres serán los que pagarán con este castigo.
Además, manifestó que en una reciente visita a centros carcelarios notó que no cuentan con talleres y otras estructuras para resocializar a los detenidos, por lo que al momento de salir no tienen ningún tipo de aspiración y vuelven a caer en manos del crimen.
Una de las opiniones que más llamó la atención fue la de Johnny Campbell, joven de 27 años, que ha pasado por la cárcel por diversos delitos cometidos.
Señaló que, más que aprobar la pena de muerte, se debe invertir en la resocialización de los presos, porque actualmente las cárceles son universidades del crimen que permiten acrecentar el problema, en vez de disminuirlo.
“Si el sistema sigue así, el amor de la persona se enfría porque, al estar rodeado de gente ruda, tú también te vuelves rudo y sales con odio a la sociedad”, agregó.
En este sentido, el diputado González dijo que la resocialización no va con todas las personas. “Si tienes a una persona que tiene dos casos de homicidios y mata a una niña de tres años, cómo se puede hablar en este caso de resocializarla”.
Pendiente.
Las consultas sobre este asunto continúan hoy, cuando en horas de la mañana, el diputado oficialista se reúna con las autoridades eclesiásticas en la Arquidiócesis. Para la próxima semana, se sentará con su equipo de asesores, con la finalidad de modificar el documento o con las recomendaciones recibidas para finalmente presentarlo en la Comisión de Gobierno para su prohijamiento.
