Luego de 45 días de presentado, la Corte Suprema de Justicia, no ha resuelto un incidente de controversia presentado por la defensa del legislador del PRD, Mateo Castillero para determinar la legalidad de las actuaciones del Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, dentro del pago de sobornos por la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) y la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema Justicia.
La defensa de Castillero presentó el incidente bajo el argumento que las actuaciones del Ministerio Público en su caso específico, se encontraban viciadas y además se solicitaba a la máxima corporación de justicia establecer la viabilidad de las actuaciones ejecutadas por el procurador Sossa, dentro de la investigación.
Trascendió que ya el procurador Sossa, remitió a la Corte su contestación al recurso presentado por la defensa de Castillero, y en donde expone la legalidad de todas sus actuaciones dentro de las investigaciones realizadas en el caso CEMIS.
A la vez trascendió que aún los magistrados no han elaborado un proyecto para determinar si los argumentos presentados por los abogados de Mateo Castillero, son legítimos para poder determinar la ilegalidad de las investigaciones.
Durante la presente semana la Procuraduría General de la Nación, podría ejecutar una ampliación de las declaraciones de Stephen Jones, para corroborar algunos datos aportados por el sindicado con la auditoría, ejecutada por el grupo de investigación.
También se tiene proyectado la citación de otras personas para que rindan declaración jurada dentro del expediente, entre los que se encuentran otros empleados del Consorcio San Lorenzo para esclarecer el movimiento de cuentas bancarias.
Por otro lado, ayer comparecieron a notificarse al Ministerio Público Stephen Jones y Martin Rodin, sobre quienes pesan medidas cautelares de impedimento de salida del país. Ambos son directivos del Consorcio San Lorenzo, cuyas empresas figuran dentro de la investigación del CEMIS.