Cuando el teléfono no es un lujo

Desde hace más de cuatro meses en el sector cinco de Sinaí de Samaria, distrito de San Miguelito, la comunicación únicamente es vía celular.
La fiebre del cobre es responsable.
Cuentan que una mañana amanecieron incomunicados, pues los delincuentes en plena madurgada, decidieron "barrer" con los cables del tendido telefónico, en un pick- up, con escaleras y herramientas especiales.
Ahora quien no tiene celular, no tiene otra opción que vivir incomunicado, puesto "Cable & Wireless no se ha inmutado en restablecer el servicio", según señalaron los propios moradores.
Emelita Ríos manifestó que desde el día en el que los teléfonos dejaron de sonar en su residencia, el personal de C&W no les ha dado una respuesta sobre qué van hacer al respecto, sin embargo, el recibo siguió llegando durante el primer mes.
Esto ha causado descontento entre los moradores, quienes esperan que la compañía telefónica restablezca el servicio.
La peor parte de la situación se la han llevado las personas que "por fuerza", tienen que hacer uso dirio del teléfono residencial para cualquier urgencia.
Ese es el caso de José Carrasco, un señor parapléjico que debe recibir frecuentemente llamadas a su residencia de trabajadoras sociales de la Caja de Seguro Social, preguntando por su estado de salud.
Pero, hay un problema. Las instituciones estatales no permiten llamadas a celular.
Teresa de Carrasco, esposa de José, contó que a raíz del robo de cables tuvo que comprar un celular para dejarlo en la casa y usarlo como si se tratara de un teléfono residencia, aunque no ha servido de mucho para aliviar la situación en la que se encuentran.
Algunos moradores de otros sectores de San Miguelito que también están sin servicio telefónico, señalaron que usar los celulares para comunicarse solamente beneficia a las compañías que ofrecen el servicio.
A lo que se refieren es a que la compra de tarjetas prepagadas representa un gasto que "les deja un hueco en el bolsillo".
La ley es muy clara en cuanto a las sanciones.
En el Código Penal, Artículo 200 del Capítulo VIII se indica: "El que destruya, inutilice, rompa o de cualquier modo dañe cosas muebles o inmuebles que pertenezcan a otro, será sancionado con 10 a 50 días - multa".
Mientras que el Artículo II del Capítulo II señala en su Artículo 239: "El que ejecute un acto que ponga en peligro la seguridad de los medios de comunicación o que obstaculice el restablecimiento de comunicaciones interrumpidas será sancionado con prisión de uno a seis años".
Las compañías afectadas con el hurto de cables piden que las sanciones sean menos flexibles y que se llegue a penalizar a quien se detecte en este tipo de prácticas que atrasa significativamente al país.
Rogelio Kowaleski, vicepresidente de Seguridad de la Red de Cable & Wireless Panamá (C&W), indicó que se está tratando de restablecer el servicio donde todavía no ha sido posible, pero esto requiere un proceso.
Hay que traer del extranjero los cables que compaginen con los que han sido robados y "eso no es fácil".
Además, se requiere de la participación de la comunidad para que denuncien el ilícito directamente a la línea gratuita 800-2485.
Al referirse al caso específico de Samaria, Kowaleski contó que hace poco se colocaron los cables telefónicos para restablecer el servicio y al día siguiente los delincuentes "barrieron" con ellos.
"Antes, volver a colocar los cables demoraba únicamente días, en la actualidad, como se han incrementado los casos, se ha extendido semanas e incluso meses", sostuvo.
Pese a esto, Kowaleski considera que las penas no son tan duras como se quisiera, porque para él eso no es un "simple robo de un cable", sino un atentado contra la seguridad colectiva.