De la anarquía a la regulación

La participación de los padres y madres de familia en la educación es uno de los elementos clave para lograr dinamizar y cumplir con los objetivos educativos.
Las directivas de las asociaciones de padres de familia poseen un poder extraordinario para movilizar recursos y resolver las carencias que el Estado no puede atender. Históricamente su papel es decisivo.
Pero en los últimos tiempos se ha visto titulares de escándalos de malos manejos de fondos que corresponden a las noticias policiacas.
La ambigüedad en la interpretación de la amplia normativa jurídica que regula dichas agrupaciones, ha sido una coladera para la anarquía, e incluso de desfalcos de cuantiosas sumas por parte de los directivos.

Las asociaciones de padres de familia están reguladas por el Decreto 3 de 20 de enero de 1989, por el cual se adopta el Estatuto de las Asociaciones de Padres de Familia de las Escuelas Primarias Oficiales de la República. El período de funcionamiento de cada directiva es de dos años. También existe el Decreto No. 245 de 16 de julio de 1985, por el cual se adopta el Estatuto de las Asociaciones de Padres de Familia de los colegios secundarios oficiales de la república.
Para la reglamentación de la realización de actividades económicas existe el Resuelto No. 684 de 13 de junio de 1996; además, el Resuelto No. 187 de 10 de marzo de 1997 por el cual se reglamentan las contrataciones de seguros colectivos para estudiantes de los planteles oficiales del Ministerio de Educación.

Las directivas de padres de familia pueden decidir en asamblea general contratar personal para las escuelas, desde profesores de informática, folklore, inglés, enfermeras, conjunto típico, organizar batallones de música, becas para estudiantes distinguidos, viáticos para viajes estudiantiles en misiones deportivas y culturales, construcción de aulas, aires acondicionados, etc. Según directivos de asociaciones de padres de familia consultados, a la vez existen deficiencias en la amplia normativa jurídica que faculta al presidente y al tesorero de la directiva a “firmar conjuntamente con el Tesorero, los cheques, giros, letras y demás documentos negociables que expida la Asociación”.
Por su parte, son funciones del Tesorero: “llevar al día la contabilidad, cobrar las cuotas y custodiar los fondos y bienes de la asociación”.
Los dos artículos parecieran lógicos y correctos, sin embargo, han sido y siguen siendo desobedecidos por algunos directivos de las asociaciones cuyas directivas no están vigentes, sus miembros se perpetúan en el poder y emplean los fondos para usos personales. ¿Resultados? Hoy día se tramitan en las fiscalías decenas de denuncias de robos de fondos de las asociaciones de padres de familia, con el respectivo desencanto de los padres y madres de familia.
Según indica el profesor Luis López, Director Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia del Ministerio de Educación, el funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia permite realizar un sinnúmero de actividades económicas que van desde el ahorro escolar, venta de alimentos, colectas para fines de ayuda social, ferias y verbenas, espectáculos culturales y recreativos, hasta reinados infantiles y novatadas, entre otras.
De acuerdo con López son los directores de los centros educativos los primeros responsables del buen funcionamiento de las Asociaciones de los Padres de Familia; de igual forma indicó que la propia Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación facultan al Ministerio de Educación para que establezca los controles de las actividades que llevan a cabo las asociaciones de los padres de familia.
La elección de los dos delegados de Salón, según López, representa el talón de Aquiles del sistema, en la medida que son estas personas las que formarán las respectivas juntas directivas con la responsabilidad de la toma de decisiones dentro de cada plantel.

Agrega López que existen interpretaciones equivocadas de la legislación del Ministerio de Educación a través de las reformas de la Ley Orgánica de Educación que culminó en la Ley 34: “algún funcionario” promovió la idea de la autonomía de los fondos de las asociaciones. La situación cayó en la anarquía al establecer que la segunda convocatoria para elegir los delegados de cada salón, “con quienes asisten”, tienen la posibilidad de formar parte de la junta directiva. ¿Resultados? En la actualidad funcionan directivas que no cuentan con el respaldo de todos los padres de familia de los centros educativos, por lo tanto sus acciones no son legítimas.
El problema se agudiza cuando la dirección de Educación Comunitaria y Padres de Familia cuenta con apenas 10 funcionarios de planta para supervisar a más de 4000 centros educativos oficiales del país; además se cuenta con un funcionario de enlace en cada región educativa.
Destacó López, con muestras de evidente satisfacción profesional, el funcionamiento de más de 100 escuelas para padres, alternativa de capacitación para promover la responsabilidad y compromiso para con la educación de los hijos.
A la lista de regulaciones en materia de Asociación de Padres de Familia, se agrega la Circular del 16 de agosto de 2002 que establece el requisito a las asociaciones de cumplir con 7 pasos: tener una junta directiva que esté vigente, que las juntas directivas consulten con el Consejo de Delegados o la Asamblea General la cuota familiar; la cuota familiar deberá atender las actividades incluidas en un proyecto de presupuesto; los directores deben participar en las deliberaciones de las juntas directivas y las consultas deben efectuarse antes del 7 de octubre del 2002. Quienes no cumplan con estos requisitos no podrán cobrar la cuota de Padres de Familia.

Hace falta seguimiento a las directrices del ministerio, agregó López. Explicó que algunos directivos de los centros educativos no siguen las directrices emanadas de la Dirección Nacional de Educación y condicionan la inscripción y reinscripción de los estudiantes para el período 2003. “Han casado” la inscripción con el pago de las cuotas de los padres de familia, situación que está prohibida, por ser ilegal.
Reconoció que, efectivamente, muchas directivas de padres de familia han cometido graves faltas administrativas en el manejo de fondos. Tal es el caso del Instituto Comercial Panamá, el Instituto Nacional, la Escuela Profesional, Richard Newman, y otros; sin embargo, explicó que el Ministerio de Educación ha restablecido el funcionamiento de las juntas directivas y lleva un registro computarizado de las directivas y sus actividades.
De igual forma, en las interpretaciones de la legislación vigente, de acuerdo con consulta efectuada ante la procuraduría de la Administración, se estableció que los fondos que manejan las asociaciones no son públicos, al no ser recaudados por los procedimientos regulares de los fondos que recauda el Estado.
Según López, dichos fondos sí son fondos públicos en la medida que se obtienen dentro de las instituciones oficiales del Estado, como son los colegios y escuelas.
Los malos manejos de los fondos de las directivas de padres de familia han manchado la credibilidad en dichas agrupaciones. Por su parte, el dirigente magisterial Luis López, en reciente entrevista en RCM Canal 21, explicó que una gran cantidad de directivos emplea los fondos para fines personales. Tal es el caso de directivos que presentaron facturas de zapatos y vestidos, aduciendo que fueron comprados porque se reunirían con la Presidenta de la República.

A juicio de la profesora Manuela Herrera, directora del Instituto América, la comunicación entre el director, el personal docente y las asociaciones de padres de familia es el factor clave para el normal funcionamiento. Los problemas surgen cuando no se consulta, cuando se trabaja individualmente. Se debe contar con la Junta Escolar debidamente integrada y reunirse al menos cada 15 días para tomar decisiones. A juicio de Herrera, pese a la existencia de la Ley 13 que otorga fondos para los centros educativos, se hace necesaria la intervención de las asociaciones de padres de familia para que las necesidades educativas se atiendan con prontitud.
Eric Rodríguez, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Fermín Naudeau y Presidente de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia, indicó que en el área rural las asociaciones funcionan normalmente debido a que trabaja con éxito la comunidad educativa.

Todo lo contrario sucede en una gran cantidad de asociaciones en la ciudad capital donde no está integrada la comunidad educativa ni de hecho ni de derecho; cada cual anda por su lado y los resultados son evidentes.
Según Rodríguez, el problema radica en que las directivas no cuentan con la capacitación suficiente para conocer sus derechos y cumplir así con los deberes. (liderazgo, control de fondos, movilización de recursos etc). Explicó Rodríguez que existen hoy día más de 15 denuncias fundamentadas sobre malos manejos de fondos. Los fondos manejados por las directivas oscilan entre los B/ 3.000 y hasta los B/ 80.000
Las pérdidas que se han producido superan los B/ 250.000.
Sucede que los abogados que pusieron las denuncias de las asociaciones, cometieron el error de presentarlas como peculado, figura jurídica que no procede porque no se trata de fondos públicos. La denuncia debe presentarse bajo los cargos de apropiación indebida de fondos, robo, latrocinio, abuso de confianza.
Además, no hay fondos para pagarles los honorarios a los abogados, toda vez que los fondos disponibles fueron robados, y a veces “ los procesos se caen” debido a la lentitud de la justicia.

De acuerdo con Rodríguez, existe una comunidad donde “todo mundo” quiere apropiarse de los bienes ajenos; hay una crisis de credibilidad generalizada y esto ha provocado que en los centros educativos no quieran pagarse las cuotas de Padres de Familia. Pronosticó Rodríguez que la situación se agudizará el próximo año por los recortes presupuestarios y el desempleo. En muchas asociaciones se les entrega subsidios para personas de escasos recursos, acción que va a tener que ser eliminada. La contención del gasto público y la rebaja del Seguro Educativo tendrá graves repercusiones en el normal funcionamiento escolar y no se podrá contratar a profesores y se eliminarán varios o casi todos los subsidios estudiantiles. Denunció el nepotismo de los padres de familia, muchos de los cuales tienen 10 años de ser presidente de los Padres de Familia, pues adoptan un acudiente para mantenerse en el poder. Los padres y madres de familia toman a las escuelas como guarderías y no se acercan a las escuelas para preocuparse por sus hijos. Sucede que hay acudientes profesionales que pertenecen a varias directivas y en todas roban, advirtió Rodríguez.
Los casos más típicos fueron escenificados recientemente en el Instituto Nacional y la Escuela Profesional cuyos directivos eran los mismos y robaron fondos superiores a los B/ 120.000. Los casos terminaron en la Fiscalía; los abogados se retiraron de los casos por falta de pago de sus honorarios profesionales. Según el dirigente ni la Contraloría ni el Ministerio de Educación cuentan con el personal suficiente para auditar los fondos de más de 4,000 escuelas que funcionan en todo el país.

Se encuentra en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley presentado por el H.L. Julio César Castillo, que permitirá la descentralización del sistema educativo y que pretende regular de forma integral el funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia. Se modifica el escogimiento de las directivas, el nombramiento del Consejo de Delegados, el diálogo entre director del plantel y la comunidad educativa, además de que se presentará un proyecto de presupuesto que salga de la propia comunidad educativa y un proyecto educativo de centro.