Decisiones inmorales en caso del dietilenglicol, a juicio de las víctimas

Familiares y afectados con el envenenamiento masivo con dietilenglicol han sentido gran malestar ante la decisión de la jueza que declaró extinta la pena de Linda Thomas, ya que han pasado 11 años desde aquel incidente y a los responsables no se les castiga.

Tras una audiencia, el pasado viernes, a Thomas, exjefa del laboratorio de producción de medicamentos de la CSS, se le concedió libertad por este caso, por el cual había sido condenada a 18 meses.

En ese caso, por decisión de la jueza del Sistema Penal Acusatorio, Hormilda Miranda, se declaró "extinta" la sentencia de cárcel que ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que Thomas pedía que se le conmutara con trabajo comunitario.

Al respecto, el representante de los afectados, Gabriel Pascual, miembro del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (Cofadesavi), señaló que se han impuesto penas ridículas, a lo largo de todo este proceso.

"La jueza, actuando de manera inmoral y muy irresponsable determinó la extinción de la pena", reclamó.

Indicó que se encuentran evaluando cuáles serían las acciones a seguir, tras este traspié judicial.

Incluso, cuando existen personas implicadas que no han sido llamadas por los tribunales.'

Proceso legal

No ven respuesta

Varios de los afectados compararon estar padeciendo durante 12 años las afectaciones del jarabe tóxico con las condenas irrisorias que se han impuesto por un año hacia los presuntos responsables.

Apoyo

Gabriel Pascual, del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, pidió a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, que se les otorgue el apoyo económico que requieren 300 personas que también fueron afectadas.

Vergonzoso

Los familiares catalogaron como "absurdo y vergonzoso" que el exdirector de la CSS René Luciani y el exjefe de Farmacia y Drogas Pablo Solís, solicitaran al Segundo Tribunal Superior de Justicia el reemplazo de la pena de 18 meses de cárcel.

"Hay personas que no están siendo imputadas por tener fuero penal electoral, y son ridículas las penas que les imponen, en comparación con la cantidad de personas que han fallecido y las que hoy sobreviven a la tragedia", afirmó.

Ello, por tratarse de 220 mil envases y 110 mil recetas que se emitieron y hoy quienes pagan son los afectados.

"Sabemos que el Ministerio Público puso una apelación y los vamos a apoyar", sentenció.

Elaboran recursos

Por otro lado, el Comité de Familiares ha puesto como prioridad que certifiquen a los más de 400 casos que están pendientes y que mejoren las atenciones primarias en todos los centros de la Caja de Seguro Social a nivel nacional.

A su vez, los afectados advierten que existe un equipo legal preparando sus recursos legales contra el Estado.

En un caso similar, en esta misma semana, se negó la solicitud de cómputo y extinción de la pena de 18 meses de prisión al exjefe de farmacia de la Caja de Seguro Social (CSS), Pablo Narciso Solís, así como al exdirector de la institución, René Luciani Lasso, por este mismo expediente.

Sobre ello, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que la solicitud fue negada por la falta de elementos de convicción señalados por los fiscales.

La defensa de Pablo Solís apeló la decisión del juez, por lo que se programó una audiencia para el jueves 8 de febrero.