La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para que revisen "de manera urgente", las acciones que se están ejecutando, al considerar que no están siendo efectivas para la protección de la vida de las mujeres.
La entidad que preside el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), repudió en un comunicado los hechos de violencia contra las mujeres, que se han registrado en las últimas semanas, donde han perdido la vida varias féminas.
“Es necesario que el Estado ejecute de manera inmediata, las acciones contempladas en la Ley, pues no se está haciendo lo suficiente para prevenir la violencia contra las mujeres y atender y proteger a las víctimas de este flagelo”, dijo la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow.
El año pasado, hubo 26 femicidios y 13 tentativas de estos hechos. Sin embargo, este año y en menos de siete meses, se han producido 17 asesinatos de mujeres, "en su mayoría prevenibles". "Esto nos deja ver que la violencia en la vida de las mujeres, en lugar de disminuir está claramente en aumento; viéndose afectadas, desde niñas hasta mujeres adultas mayores, quienes han muerto a manos de hombres con quienes mantenían algún tipo de relación sentimental o familiar, y en espacios en donde se debían sentir seguras o protegidas", explicó el reporte.
"La Defensoría del Pueblo reitera la urgencia para que se dote de presupuesto a las entidades competentes, para la ejecución de las políticas públicas contempladas en la Ley 82 de 2013; ello, para que se fortalezcan los procedimientos actuales, y cuando una mujer acuda a buscar ayuda o se tenga conocimiento de un hecho de violencia, se activen las alarmas necesarias, para proteger a la mujer de un desenlace fatal", detalló el comunicado.
Advierte, además, que es necesario, que todo el personal que se encuentra en las Corregidurías, Juzgados Nocturnos, Policía Nacional, instancias de salud y Ministerio Público, estén sensibilizados y capacitados para atender a las mujeres víctimas de violencia, entendiendo la situación de riesgo en que se encuentran y el deber que tiene el Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en el marco de lo contemplado en las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres, que son Ley de la República.
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