abogados piden más presupuesto para la entidad y otros piden sacarla del paraguas de la corte
Defensores de oficio, entre saturación y bajo presupuesto
Unos 93 abogados del Instituto de la Defensoría de Oficio deben cargar con al menos 7,000 expedientes acumulados. La defensoría gratuita no puede negarse a nadie por casos penales por mandato constitucional, y su demanda se incrementa cada día.
Opinión
- Ernesto Cedeño
- Abogado
La importancia de los defensores de oficio en la sociedad
- El Instituto de la Defensoría de Oficio tiene una figura en Panamá correcta porque trata del acceso a la justicia de los que menos tienen.
- Yo creo que estamos ante una institución competente que es buena para la sociedad, pero existen debilidades.
- Creo que una de esas debilidades es el tema del factor económico, por eso creo que hay que dotar a la Defensoría de Oficio de más recursos para tratar de contratar más personal porque la Defensoría de Oficio no se da abasto, principalmente cuando se está ante la jurisdicción penal.
- Esa carencia de presupuesto como institución definitivamente que opaca la labor efectiva que se está dando a las personas que se encuentran en estado de indefensión.
- Porque es necesario nombrar a más defensores para que no se agolpen los casos por cada defensor, tomando en cuenta que Panamá necesita de un mayor fortalecimiento de la Defensoría de Oficio, porque es necesario para el fortalecimiento de la democracia, que es defender a las personas que menos tienen, pero que sea una defensa de calidad con abogados que alto nivel de competencia.
- Porque entre más casos tenga un defensor de oficio, menos calidad de servicio va a brindar, pues no se va a dar abasto ante la cantidad de casos que tenga.
- Que con mayores recursos se contraten a más abogados, porque ahora mismo la multitud de casos que tienen los defensores de oficio es galopante.
- También hay que tomar en cuenta que la Defensoría de Oficio debe ir dirigida a un trabajo social, porque de lo contrario sería hacerle una competencia desleal a los abogados particulares.
El 80% de los 9,000 privados de libertad en espera de juicio, utilizan los servicios del Instituto de la Defensoría de Oficio.
Ello se traduce en una carga saturada para los 93 abogados que realizan este servicio de defensa legal de oficio, cuyos salarios oscilan entre 2,000 y 6,000 dólares.
Gabriel Fernández, director del Instituto de la Defensoría de Oficio, indicó que en espera dentro de un despacho del Instituto de la Defensoría del Oficio, específicamente en la esfera de circuito, hay entre 300 a 500 expedientes.
Ello implica que un abogado de defensa pública en casos de robos, secuestros, hurtos, entre otros delitos de consideración que conforman la esfera de circuito, podría realizar hasta diez audiencias diarias.
“La mayor carga de casos está en los juzgados de circuito”, explicó Fernández, pero reconoce que en el área de la esfera de distrito, donde se atienden los casos de homicidios, también ha aumentado la demanda de casos. Fernández sostuvo que, a pesar de lo complicado, se trata de un problema que a diario es superado por los abogados que componen esta entidad.
Explicó que para enfrentar esta pesada carga existe un programa de abogados que forman parte del Servicio de Asistencia Nacional Legal Voluntaria, quienes colaboran con el instituto sin cobrarles un solo centavo a las personas.
Este equipo de abogados voluntarios proviene de organismos de la sociedad civil, como el Colegio Nacional de Abogados, y de egresados de las diferentes universidades públicas y privadas del país.
Carlos Herrera Morán fue fiscal y colabora en este servicio de asistencia legal voluntaria. Él considera que todavía hay retos que deben superar los defensores de oficio para mejorar el trabajo que se ofrece a la comunidad, y ello está relacionado con el nombramiento de más defensores públicos para atender la alta demanda de personas que recurren a este sistema.
Herrera Morán expresó que el Órgano Judicial debe contar con mayores recursos para poder disponer de los ingresos para contratar a más abogados de oficio.
Ernesto Cedeño, abogado litigante, reconoció que la Defensoría de Oficio cuenta con abogados competentes, lo que les permite a las personas que menos reciben tener acceso a la justicia panameña.
Sin embargo, Cedeño se suma a las opiniones sobre la necesidad de nombrar a más abogados de oficio para poder enfrentar la alta demanda de casos que llegan a su despacho.
Consideró que en estos momentos la cantidad de abogados que hay en el Instituto de la Defensoría de Oficio no se da abasto.
“Porque entre más casos tenga un defensor de oficio, menos calidad del servicio va a brindar”, destacó Cedeño.
Esa misma posición es compartida por el también exfiscal James Bernard, quien considera que una solución para disponer de mayores recursos es que el Instituto de la Defensoría de Oficio funcione como una entidad autónoma.
Bernard comentó que más que recursos, el problema es de autonomía.
Indicó que esta institución no debe ser una entidad adscrita a la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante abogados públicos que son jueces y partes dentro de un proceso”, destacó Bernard.
Reiteró que en estos momentos se está ante abogados de oficio que a su vez son subalternos de los magistrados de la Corte.
Expresó que hay casos en los que los defensores de oficio también fungen como magistrados suplentes de tribunales superiores de justicia.
Según el exfiscal superior, llevar la responsabilidad de estos dos roles a la vez no es saludable para el sistema de administración de justicia.
El jurista propone que sea como en otros países, donde el Instituto de la Defensoría de Oficio es una entidad independiente.
Se refirió a la situación de Colombia, donde el Instituto de la Defensoría de Oficio está adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, Fernández tiene una posición diferente a la Bernard. Afirmó que estos son distintos modelos que se aplican en diferentes países, todos los cuales tienen su grado de efectividad. Argumentó que independientemente del modelo, es la gente que allí trabaja la que garantiza la efectiva en la calidad del servicio que se le presta a la sociedad.
Para Fernández, el modelo que se aplica aquí en Panamá no es malo, ya que es el mismo que se usa en varios países de la región, como por ejemplo en Costa Rica.
Javier Mitil, defensor del pueblo adjunto, no comparte la forma como funciona el Instituto de la Defensoría de Oficio.
Considera que el hecho de que los abogados de la institución estén defendiendo a personas con denuncias penales sería contradecir el principio de la Defensoría del Pueblo, que es exclusivo en la defensa de los derechos humanos.
“Por ley, la defensa de un detenido no es función de la Defensoría del Pueblo, por eso ambas instituciones no son compatibles por una cuestión legal”, destacó Javier Mitil.
En los últimos cuatro años, el Instituto de la Defensoría de Oficio ha reforzado en números su equipo de abogados.
Según cifras del Órgano Judicial, en 2009 el Instituto de la Defensoría de Oficio tenía un equipo de 81 abogados de oficio, que sumados a los auxiliares y asistentes totalizaba una fuerza laboral de 146 personas.
En estos momentos, entre los 93 abogados de oficio que actualmente hay, asistentes y auxiliares, el recurso humano de abogados en el Instituto de la Defensoría de Oficio está en 170 funcionarios.
Fernández considera que, pese a la alta carga de negocios penales que atienden estos abogados, han demostrado una alta calidad en el trabajo al tomar en cuenta que el índice de absoluciones está por el 50%.
La sede de la Defensoría de Oficio está ubicada en el sector de Plaza Edison, allí se atiende al público los cinco días a la semana, señaló Fernández.
Además de los abogados de oficio que atienden los procesos penales, también se cuenta con especialistas en la jurisdicción de familia y en casos de menores de edad.
En los casos penales se aplica el principio constitucional por el que todas las personas tienen derecho a recibir atención sin importar la situación económica.
Una fuente judicial reveló que hay casos de empresarios que son acusados por homicidio culposo por haber atropellado a una personas y se les tiene que dar la asistencia, pero no hay esa misma facilidad en los casos de familia y para las víctimas de un delito.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.