La Defensoría del Pueblo inició una serie de investigaciones en el Ministerio de Comercio e Industrias, la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores, para emitir su opinión sobre el caso Estrellamar, frente a los señalamientos hechos por los derechohabientes de que las instituciones señaladas no han planteado soluciones a la pérdida de 24 millones de su propiedad, manejados por Estrellamar.
El defensor del Pueblo, Italo Antinori, solicitó a las tres instituciones un informe detallado acerca de la situación expuesta por los derechohabientes de Estrellamar/The Providence Corporation.
Entre otras cosas, los derechohabientes aseguran que la Superintendencia de Bancos se niega a atenderlos y a ofrecerles una explicación o una solución a sus problemas, "a pesar que esta entidad tenía conocimiento de las operaciones realizadas por The Providence Corporation".
Manifiestan, además, que las instituciones del gobierno encargadas de regular las actividades de las empresas en Panamá no les brindan ningún tipo de protección, "ya que evaden la responsabilidad de realizar una investigación responsable, a pesar que conocían los manejos financieros de la empresa".
De acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, los servidores públicos deberán contestar la solicitud de informes de la Defensoría del Pueblo, en un plazo máximo de quince días.
Ese plazo sólo podrá ser ampliado hasta un máximo de dos prórrogas de hasta quince días hábiles cada una, cuando a juicio del titular de la Defensoría del Pueblo, las circunstancias y la complejidad del caso lo aconsejen.
El defensor del Pueblo pidió al ministro de Comercio, Joaquín Jácome, una respuesta satisfactoria a los más de 400 afectados, mientras que a la Comisión de Valores le solicitó el resultado de las investigaciones realizadas por esa institución con relación a la actividad de The Providence Corporation.
Antinori pidió a la superintendente de bancos Delia Cárdenas, una copia autenticada de los informes en los que se acredite la inexistencia de vínculos entre The Providence Corporation y el Banco Disa, además de detallar cuál fue su intervención antes de la caída financiera de la empresa.
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