Demanda de Waked evidencia mal proceder de Varela y de canciller
El presidente y la canciller no jugaron su rol de respaldo a un nacional y se inclinaron por los intereses de EE.UU., lo que motiva la demanda de Waked por $1,268 millones contra el Estado panameño.
Sittón advierte que pese al rol jugado por Varela y De Saint Malo, la ley no les exige responsabilidad solidaria ante eventual condena. Archivo
Luego de que el empresario Abdul Waked procediera a demandar al Estado panameño por $1,268 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la inacción del Gobierno tras su inclusión en la Lista Clinton, el debate se traslada a la omisión de funciones en la que habrían incurrido el presidente Juan Carlos Varela y la canciller Isabel De Saint Malo.
"Ni el presidente ni la cancillería jugaron su rol y eso es muy lamentable, pues se hicieron cómplices cuando creyeron ciegamente en la palabra de los gringos", opinó el analista político Juan Carlos Tapia.
"Me alegro de que la demanda [de Abdul Waked] se presente cuando todavía es presidente Varela y vicepresidenta Isabel De Saint Malo", dijo Tapia en declaraciones a Panamá América.
El analista argumentó que Varela no tenía que pelearse con el Gobierno de Estados Unidos, pero sí podía pedirle al Departamento del Tesoro de EE.UU. que le mostrara las supuestas pruebas en contra de Waked, a quien incluso se le tildó de cabecilla de una red de lavado de dinero a gran escala... sin pruebas hechas públicas hasta la fecha.
Tapia agregó que cuando las empresas del Grupo Waked quedaron desprotegidas, Varela pudo nacionalizarlas, algo que tampoco hizo, "incumpliendo la Constitución, que le obliga a defender la vida, bienes y honra de los panameños".
DemandaTapia calificó de "totalmente justa" la millonaria demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el abogado Arturo Hoyos en representación de Waked, pidiendo la condena al Estado para que a través del Banco Nacional de Panamá (BNP) entregue la indemnización, más intereses, "por la infracción en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas".
Por lo pronto, aún no se ha confirmado si la demanda será admitida o rechazada, pero ya está asignado como ponente el magistrado Abel Zamorano.
El comunicador Juan Carlos Tapia se anticipó al debate en redes, preguntando en su cuenta de Twitter si ante una eventual admisión de la demanda, debería exigirse "responsabilidad solidaria" a los altos funcionarios que apoyaron a Estados Unidos para arruinar a un empresario y causar "esta canallada".
El abogado Sídney Sittón respondió: "En todos los países, excepto Panamá, el Estado exige a sus empleados, vía judicial, responsabilidad solidaria por actos que afectan a la administración pública. Aquí es el Estado el que siempre paga y el funcionario vuela: ejemplo Ana Matilde Gómez siendo procuradora".
Por su parte, el contador público autorizado Boris Combe lamentó que los panameños "tendremos que cargar esta demanda porque elegimos estos gobernantes", al tiempo que vaticinó que "el Sr. Waked tiene toda la razón y ganará [la demanda] algún día".
Pero el abogado Ebrahim Asvat es más crudo en su análisis: "El daño que se ha causado en caso Waked es irreversible".