Denuncian pagos "ilegales" con subsidio electoral del partido Cambio Democrático

La denuncia penal electoral interpuesta por convencionales de Cambio Democrático contra la actual dirigencia del partido, contiene hechos graves de presuntos malos manejos de fondos.

Entre los hechos denunciados figura la supuesta contratación de más de una sede del partido CD en Chitré, con lo cual, aseguran los denunciantes, se estarían "malversando" los fondos del subsidio electoral público.

Precisa que una de las sedes fue contratada con Pablo Samaniego Pinto, no obstante, el referido local según informe del Registro Público no pertenece a Samaniego Pinto, "sino a una sociedad anónima en la cual se enlistan los nombres de familiares de Manuel Cohen, secretario de Finanzas del Partido".

Agregan que Samaniego Pinto figura además como empleado del partido, con un salario de $600 mensuales, más viáticos.

La otra sede del CD en Chitré, de acuerdo con la denuncia, está a nombre de Daysi González Huertas, quien no figura en la Junta Directiva del arrendador, Ave Fénix Internacional, pero sí familiares de Manuel Cohen.

Los denunciantes sostienen que se incurrió en la violación de la norma que prohíbe contratar servicios y bienes con familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Continúan denunciando el contrato de arrendamiento de las oficinas del partido en Los Santos, entre el CD y la madre de una ex diputada de la provincia.

14

hechos irregulares fueron enumerados en la denuncia penal electoral.

13

fueron los diputados que presentaron las denuncias penal y administrativa.

También aseguran que se registró el pago de $17 mil por actividades proselitistas internas de Cambio Democrático a favor de un dirigente de Veraguas, su esposa, hijos y personas afines.

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En el documento se incluyen además desembolsos en concepto de capacitación pagados a directivos del partido CD.

Los denunciantes le pidieron al Tribunal Electoral que realice una investigación objetiva de los hechos denunciados y que compulse las investigaciones al Ministerio Público para que investigue presuntos delitos contra la administración pública.