En los últimos nueve años, un total de 128 casos de torturas, vejaciones y tratos crueles fueron denunciados en la Defensoría del Pueblo por detenidos de las cárceles del país, cuyos agresores son básicamente miembros de la Policía Nacional.
Los tratos crueles pasaron de los golpes hasta la muerte, donde la Defensoría constató que los policías que custodian los penales desconocen los criterios de la Constitución Nacional basados en derechos humanos.
Un total de diez denuncias penales se mantienen en el Ministerio Público, desde el 2006 hasta enero de 2008, en las que se investigan torturas y un caso de homicidio.
Informe.
Estos datos se desprenden del Informe Especial relativo a las denuncias sobre supuestos Actos de Torturas, que se realizó en los centros penales del país, cuyo principal hallazgo fue la persistencia de estos actos crueles y los problemas encontrados en la formación de las unidades policiales.
En el informe se señala que el 2 de abril de 2008, la Defensoría sostuvo una reunión con Gisela Dudley, directora de Asesoría Legal de la Policía Nacional, y el comisionado Alvin Reyes, jefe de Seguridad Penitenciaria, en la que se planteó la situación de denuncias permanentes sobre abusos policiales y uso excesivo de la fuerza contra los privados de libertad.
Al mismo tiempo, la Policía Nacional no detalló a la Defensoría del Pueblo la cantidad precisa de custodios policiales que se utilizan en los penales, a pesar de una solicitud del Ombusdman, Ricardo Vargas,
La Policía tramita sólo un total de 7 casos de abusos o maltratos en la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).
Se informó que de las denuncias interpuestas en julio de 2007 a la fecha, dos casos han sido cerrados administrativamente y otros dos han tenido sanciones administrativas ante la Junta Disciplinaria Local.
Por su parte, un caso investigado está pendiente de audiencia ante la Junta Disciplinaria Local y otros dos se mantienen bajo investigación.
La DRP de la Policía Nacional informó que de los casos investigados por el Ministerio Público, tres de ellos han sido objeto de sobreseimiento provisional, donde hay diecisiete policías imputados.
Sin embargo, los fallos fueron objeto de un recurso de apelación por parte del Ministerio Público y los querellantes.
Mientras se realizan las investigaciones, las unidades cumplen sus funciones en cargos administrativos y son sacados del sistema policial penitenciario.
Pese a las respuestas brindadas por la Policía Nacional, la Defensoría consideró con preocupación, que el contenido del informe policial limita un análisis profundo de la realidad para emitir recomendaciones al respecto.
