Las acusaciones del contralor General de la República, Alvin Weeden, en el caso de las investigaciones relacionadas a la empresa Ports Engineering Consultants Corp, obedecen a motivaciones "políticas y personales", denunció la periodista Dorita Reyna, esposa del ex director de la Autoridad Marítima de Panama (AMP) Rubén Reyna.
Rubén Reyna, así como el ex director de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN), Hugo Torrijos, y el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, fueron denunciados por Weeden, por supuestas irregularidades que significan una lesión patrimonial.
El contralor denunció que Reyna y su familia son accionistas de la empresa Warm Spell Holding Corp., que mantiene el 30 % de las acciones de PECC.
En el caso de su familia, precisó la profesora Reyna, Weeden Gamboa ha violado los derechos que garantiza la Constitución Nacional, como la presunción de inocencia, la garantía de un debido proceso, el derecho al trabajo y la libertad de comercio.
Se preguntó que cuando se demuestre la inocencia de los suyos, quién reparará los daños a su nombre y a su honor, quién resarcirá a personas que han trabajado honradamente toda su vida y que nunca han tenido un expediente, ni en Panamá ni en otra parte del mundo por ningún hecho criminal.
Agregó que a todos los que ha vinculado en este caso, el jefe de las finanzas públicas los ha denunciado, juzgado y condenado en una clara demostración y "alarde inaudito de extralimitación de funciones".
Sustentó que el contralor manejaba este expediente desde hace cuatro años y que es ahora, hace casi dos meses, cuando decidió ventilar en los medios de comunicación.
Aclaró que frente a las acusaciones del contralor general, no se puede "interpretar que a mis familiares les faltan argumentos para defenderse", no obstante, se quejó de que los abogados no han tenido acceso al expediente que maneja el contralor.
De lo dicho por el representante de la compañía se puso en conocimiento de inmediato a las autoridades de ANAM y MICI, justo cuando se observaba el área de extracción.
Lo primero que fue aclarado es que esa fosa ha sido tema de discusión, más de una vez, con el municipio. "Como son terrenos que no están cercados la gente cree que son "tierra de nadie" así que entran y extraen material selecto sin ningún control", explicó Pérez.
Por su parte, el ingeniero Juan Jaén, de ANAM, negó que esta institución haya emitido algún permiso para esta extracción. "Debió tener el aval nuestro para efectuarse, consecuentemente es ilegal".
No obstante, añadió, en un momento dado, de cumplirse con los requerimientos establecidos, se podría conceder la autorización respetando el procedimiento pertinente, incluso sería posible remediar algunos problemas generados por la extracción indiscriminada.
Jaén fue uno de los funcionarios enviados al área después de la alerta de El Panamá América. Recuerda que aquel día la máquina ya no estaba pero todo indicaba que había sido retirada hace poco tiempo.
Estaban claros en que ANAM y MICI no habían permitido la excavación, faltaba aún consultar al alcalde de Antón, a quien encontramos en su despacho a eso de la 1:00 de la tarde.
Aristides Rodríguez, la máxima autoridad del distrito de Antón,fue enérgico en sus declaraciones. "Si yo hubiera emitido algún permiso para extracción en ese sector no hubiera ido a inspeccionar apenas me enteré y así lo hice".
Lo expresado por COHISA en el documento enviado a nuestro redacción era desconocido por Rodríguez, por lo que tradujo la acción en una evidente "evasión de impuestos municipales".
Adelantó además que tanto el arquitecto supervisor de obras de la compañía, que firma la nota, como el subcontratista citado por ésta, serían llamados a la Alcaldía de Antón, con lo que los ingenieros de ANAM y MICI mostraron su anuencia.
Ya en Panamá se consultó al arquitecto José Manuel Horna de COHISA. Confirmó, en principio, que se trataba de su subcontratista, quien "nos dijo que tenía todos sus permisos".
El subcontratista, Antonio Jiménez, con quien se conversó vía telefónica, dijo que "el día que estaba la retroexcavadora allá se estaba empezando a remover el material no para Farallón sino para un área en Río Hato".
"¿Y los permisos?", preguntamos, a lo que Jiménez responde "bueno... ese permiso yo lo tenía que tramitar ese día porque todavía no había movilizado camiones. Cuando usted estuvo por allá el hombre de la "retro" se asustó y se fue para COHISA, así que lo poquito que removió se quedó allí".
Dijo también que "hasta el momento todo el mundo ha extraído material de allí, con o sin autorización. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer sin permisos, sólo que tenía que desplazarme a solicitarlos".
Reiteramos entonces "¿cuándo la retroexcavadora fue encontrada allí usted no había tramitado el permiso?" y Jiménez contestó "estaba en eso"...
Lo anterior, el ingeniero Pérez del MICI, ya lo había advertido. "La gente lo que hace es venir jueves y viernes a remover y los sábados y domingos, cuando no trabajamos, meten los camiones y se llevan el material".
Al consultar nuevamente a Horna, de COHISA, aclaró que "ese material que él estaba extrayendo no era para nosotros. Lo llamé subcontratista porque es una persona que uno conoce. Nosotros no tenemos nada que ver con él en ese asunto. Tiene razón debimos referirnos a él como un cliente".
