Un proyecto de ley que establece un procedimiento para que las prestaciones laborales de los funcionarios públicos sean entregadas a sus deudos o sobrevivientes al momento que éstos fallezcan, aprobó ayer en tercer debate el pleno legislativo.
Víctor Méndez Fábrega, proponente del proyecto, explicó que esta norma existe en el Código de Trabajo, pero el mismo no se aplica a los funcionarios públicos.
El legislador explicó que en la actualidad, al momento que fallece un funcionario que labora en determinada institución estatal, sus familiares deben ir a un juicio de sucesión en el caso en que quieran reclamar estas prestaciones a las cuales tenía derecho el trabajador.
Méndez Fábrega dijo que se considerarían el décimo tercer mes, las vacaciones proporcionales, su quincena y cualquier tipo de bonificación a los cuales tuviera derecho el trabajador.
Dispone el proyecto que las prestaciones del funcionario serían entregadas sin necesidad de juicio de sucesión a sus hijos menores de edad, por conducto de su representante legal o en su defecto al padre o la madre del individuo.
El legislador proponente explicó que un juicio de sucesión demoraría hasta ocho meses y además incluiría gastos de abogado u otro tipo que deben correr a costa de los reclamantes, mientras que el nuevo procedimiento no tomaría más de dos semanas.
Se aclara en el proyecto que este procedimiento se aplicaría en el caso en que las prestaciones fueran inferiores a B/. 1,500.
También se dispone en el proyecto que estos fondos no podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de terceras personas, ya sea que se haga por medio de recibos para su cobro o mediante cualquier otra forma, salvo expresamente las autorizadas por la ley.
