Diputados investigarían a magistrados

Diputados de gobierno y de oposición mostraron ayer su disposición a investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si se presenta ante la Asamblea Nacional una denuncia con los elementos probatorios suficientes para abrir el proceso.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia pidió ayer a la Asamblea Nacional cumplir con su deber constitucional de investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de analizar seis fallos con los que el propio magistrado Adán Arnulfo Arjona criticó a sus colegas Winston Spadafora, Aníbal Salas y Arturo Hoyos, asegurando que con sus decisiones se dañaba el "decoro e imagen" de la Corte.
El diputado Dorindo Cortez, jefe de bancada del oficialista, Partido Revolucionario Democrático (PRD), indicó que si hay una solicitud formal con las pruebas y argumentos necesarios, la Comisión de Credenciales tendría que atender el caso.
"No lo vamos a hacer si la denuncia es insuficiente, pero si es de competencia y lo que se presenta está debidamente fundamentado se le dará el debido tratamiento", aseguró.
El diputado panameñista José Blandón, indicó que es cierto que la Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional de investigar a un magistrado de la Corte, si éste ha cometido alguno de los delitos establecidos en la Constitución.
No obstante, señaló que habría que evaluar si en los fallos analizados por la Alianza Ciudadana Pro Justicia se ha cometido alguno de estos delitos, y enfatizó que lo que sería peligroso es hacer responsable a un magistrado por las opiniones surgidas en determinado caso en el ejercicio de su cargo.
En tanto que para el jefe de bancada del opositor Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), Marcelino Mudarra, en este país las cosas tienen que hacerse con transparencia, y "queremos que se investigue cualquier manejo irregular que se dé en una institución".

Recuerda que en el servicio del bien común, que debe mover a todo funcionario, debe tenerse claro que el servidor público está sujeto a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, por lo tanto las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.
"La Comisión de Justicia y Paz encuentra que todo lo anterior tiene vigencia con la situación de la demanda millonaria contra un diario de la localidad y el secuestro salarial de un periodista panameño", manifiesta.
Recuerda a los magistrados de la Corte que la Doctrina de la Real Malicia y el Derecho de Prensa no amparan los agravios, las injurias, la calumnia y la difamación cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información, pero sí a la prensa cuando la nota se refiere a cuestiones públicas, funcionarios, figuras públicas o particulares involucrados en ella.