La demanda por los daños causados que interpondrá la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), contra el abogado Jorge Molina Mendoza, ha generado fricciones a lo interno de la firma Icaza González, Ruiz y Alemán (IGRA).
Ayer, los socios de esa firma salieron a aclarar, en correos electrónicos privados, que IGRA no era parte del contrato con la ASEP, ya que todo era algo personal de Molina, actual vicepresidente del diario La Prensa.
Sin embargo, el fallo del 11 de noviembre de la Corte señaló que, tanto IGRA como el abogado Molina, ostentaban la representación judicial de la ASEP, en un litigio en el que dejaron abandonados los intereses del Estado y causaron serias repercusiones.
La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, confirmó ayer que el contrato de la ASEP era directo con el abogado Molina y no con la firma IGRA. Molina recibió 5 mil dólares mensuales entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.
Rodríguez señaló que el fallo tuvo un error en mencionar a IGRA, ya que el beneficiado con el contrato era Molina a título personal.
Ahora Molina deberá hacerle frente a la demanda por daños y perjuicios que le presentará ASEP. “Eso está avanzando”, dijo Rodríguez ayer, al referirse a la demanda.
Tras la pérdida del pleito legal, el Estado ahora enfrenta otra demanda por daños y lucro cesante que le presentó el empresario César Lisac, a quien en el 2006 el Gobierno de Martín Torrijos le anuló una concesión hidroeléctrica alegando incumplimiento de contrato, y luego dársela a la empresa Ideal Panamá, del empresario Carlos Slim.
En noviembre del año pasado, la Corte ordenó la restitución de la concesión de Lisac, pero a la vez hizo fuertes críticas a los abogados que representaron al Estado en este caso. Incluso la Corte dejó despejado el camino para las indemnizaciones.
“Esta Sala como guardiana de la legalidad y el control de los actos administrativos dictados por los entes públicos, hace un llamado de atención a la ASEP, por la forma poco diligente en que actuaron ante esta jurisdicción, lo cual sin lugar a dudas, ha afectado los intereses de dicho ente estatal y, por ende, de la sociedad”, sostiene textualmente una de las conclusiones del fallo de la Corte.
Molina utilizó el diario La Prensa, donde es vicepresidente, para únicamente decir la semana pasada que la información es falsa y tendenciosa. Pero ni Molina ni el diario entraron a explicar el detalle del caso, donde el Estado salió perjudicado.
Proceso.
La administradora de la ASEP también señaló que están analizado varias estrategias para poder restituirle la concesión a Lisac, ya que en el lugar la empresa de Slim ya había construido la hidroeléctrica por 170 millones de dólares.
Lisac, a través de la empresa InterCarib, volvió a demandar a la ASEP por desacato al fallo de la Corte que le devuelve la concesión.
Sin embargo, Rodríguez señaló que la ASEP también les está dando tiempo a las empresas en conflicto para que intenten llegar a un arreglo privado.
InterCarib ha señalado que está dispuesto a pagarle lo justo a Ideal Panamá por lo invertido en el lugar de la concesión.
