Ejecutivo reduce consultas y agiliza aprobación de EIA

En menos de dos años y sin la consulta  oportuna con los grupos, la administración de Ricardo Martinelli decidió modificar, por segunda ocasión, la Ley 41 de 1998 que dicta la Ley General del Ambiente.

El reciente Decreto Ejecutivo N.° 155, publicado en Gaceta Oficial el pasado 5 de agosto, tomó por sorpresa a los grupos que defienden las leyes ambientales del país.

Califican la nueva disposición como un “madrugonazo” que impuso el mandatario para agilizar los procesos de estudios de impacto ambiental (EIA), desmejorando la calidad de los mismos y limitando los tiempos para las consultas ciudadanas.

La nueva disposición echa por tierra el ya modificado Decreto 123 de 14 de agosto del 2009, amparándose en que aras de hacer más eficiente y eficaz el proceso de evaluación, revisión y calificación de los EIA, se hace necesario modificar doce de los artículos vigentes.

Los cambios.  Con la Ley 30, en la que se incluía la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para los proyectos de interés social, los grupos ambientalistas lograron que se derogara bajo el compromiso de discutir la ley de manera conjunta . Sin embargo, transcurrido un año, los ambientalistas califican la imposición como un “retroceso” a los objetivos alcanzados.

Entre los cambios sobresalen la eliminación de las reuniones informativas obligatorias para los EIA  y la recategorización de los estudios a través de una resolución judicial. Con el Decreto 123 se rechazaba la solicitud.

También se establecen límites de tiempo para que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) formule las observaciones a los EIA en un plazo que se reduce de 15 a 8 días,  si es de categoría II, y  de 20 a 10 días, para los de categoría III.

Sobre los procedimientos de recepción, evaluación, análisis y decisión, para la aprobación de los EIA, se redujeron los tiempos casi al 50%  para que la ANAM dé a conocer su decisión por medio de  una resolución ambiental.

Concluido este proceso, los tiempos establecidos para las consultas ciudadanas, en las que la población puede hacer sus objeciones,  corrieron igual suerte.

En todas las categorías se bajaron los términos de días para solicitar aclaraciones.

En este punto, Alida Spadafora, de la Asociación Nacional para la Conservación del Ambiente (ANCON), cuestiona el papel de la ANAM en cuanto a la capacidad que tendrá para resolver los casos sin desmejorar la calidad de los mismos.

Mientras, Gabriela Echelecu, exdirectora de MarViva, lamentó que iniciativas como estas no sean comentadas ni comunicadas previamente con los sectores interesados. “La falta de consulta crea desconfianza”, dijo.