El Ejecutivo y la Asamblea Nacional mantienen discursos diferentes en torno a la exigencia de sectores de que se derogue la Ley 30, mejor conocida como “ley chorizo”.
Mientras el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, insistió ayer que la derogación de la Ley 30 no está en la agenda del Gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, dijo que esta norma "no está escrita en piedra" y que “puede ser modifica en su totalidad”.
Paralelamente, el diputado panameñista José Isabel Blandón anunció que presentará una propuesta para que la suspensión por 90 días, de tres artículos de la Ley 30, sea extensiva a todo el documento, excepto la parte que trata la aviación.
Blandón planteó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que pretende posponer la entrada en vigencia de los artículos 12, 13 y 14, "no es suficiente", por lo que se hace necesario una “derogación total” para sentar las bases reales para un diálogo “franco”.
A pesar de que reconoció que faltó consulta para aprobar la Ley 30, el propio presidente Ricardo Martinelli reiteró la semana pasada que solo se revisarán los tres artículos acordados en Bocas del Toro.
El ministro Henríquez, miembro de Cambio Democrático (CD) y uno de los principales voceros del Gobierno, indicó que esperarán los resultados del diálogo aprobado tras los acuerdos de Bocas y en el caso de que se proponga la derogación de toda la Ley 30, el Ejecutivo consideraría la recomendación.
Arrancan debates.
Según el presidente de la Asamblea, también del CD, la Comisión de Trabajo pretende realizar todas las consultas y dedicar el tiempo que sea necesario para la discusión de la propuesta del Ejecutivo e incluir los temas que más convengan al país.
La Ley 30, que modifica los Códigos de Trabajo, Penal, Judicial, la Ley de Ambiente y de la Policía Nacional, entre otros, dio origen a las protestas registradas en Bocas del Toro y otras provincias del país.
A partir de hoy, la Comisión de Trabajo iniciará la discusión.
Los grupos que adversan la Ley 30 reaccionaron ayer. Saúl Méndez, dirigente del SUNTRACS, consideró que indistintamente de lo diga o haga el Ejecutivo o los “legisladores”, ellos insistirán en la derogación total de la norma, pues nunca debió ser aprobada.
En tanto, Andrés Rodríguez, dirigente de los docentes, insistió en que no basta con la posposición de algunos artículos e insistió en la derogación total de la ley.
Agregó que se trata de una norma que fue aprobada con violencia y la violación del debido proceso.
Por su parte, la dirigente ambientalista, Raisa Banfield, afirmó que es “preocupante” que el Gobierno piense que es necesario llegar a situaciones extremas que involucren muerte y violencia.
