El calvario de Mario Miller
Miller fue condenado a 44 meses de prisión e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Es puesto en libertad por haber cumplido, durante el proceso, su condena.
En mayo de 1994 el Tribunal Electoral reconoció la victoria del legislador Mario Miller en el circuito 1-1 de Bocas del Toro, pero jamás se imaginaría que seis meses más tarde iniciaría su calvario político.
En su cargo como presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa se dedicó a investigar las carreteras en malas condiciones en las provincias de Coclé y Colón. Además cuestionó la labor del entonces ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, respecto a la falta de presupuesto en inversiones y expresó su desacuerdo con la privatización de algunos servicios públicos.
El 22 de noviembre de 1994 el legislador del Partido Revolucionario Democrático, Mario Miller fue sorprendido en flagrante delito en el restaurante "Cinco Estrellas", ubicado en Bella Vista, en el momento en que aceptaba un maletín con B/. 100 mil, como precio exigido a un grupo de comerciantes a quienes estaba extorsionando.
Miller junto a funcionarios de Aduanas y otros particulares fueron acusados de exigir el pago de B/. 800 mil a un grupo de empresarios a quienes presuntamente investigaban por defraudación fiscal.
El ex legislador se entregó al día siguiente, después de ser considerado prófugo de la justicia. Y ese mismo día el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (CEN), cuyo secretario era el presidente Ernesto Pérez Balladares, solicitó su expulsión del colectivo y la revocatoria de su mandato.
Durante el proceso, Miller señaló que las acusaciones tenían origen político, ya que no estaba de acuerdo con la gestión del jefe del Ejecutivo. Por su parte, la defensa alegó que no existían evidencias que involucraran a su cliente con el supuesto soborno y que las autoridades nunca habían investigado la evasión de impuestos ejecutada por los empresarios.
Finalmente Mario Miller fue condenado a tres años de prisión. No obstante fue puesto en libertad, porque mientras se daba la instrucción sumarial del caso, estuvo detenido y al concluir la audiencia, había pagado la totalidad de la pena y 8 meses más.
El Panamá América buscó al ex legislador para saber cómo quedó su situación en torno a este caso. Desde su residencia en Bocas del Toro se refirió a la crisis económica que sufre hoy en día y de su esperanza de que se haga justicia y se le indemnice.
22 de noviembre de 1994: Se intenta detener a Mario Miller en el antiguo Restaurante Cinco Esquinas.
29 de noviembre de 1994: La defensa de Mario Miller solicitó al Ministerio Público su libertad, mientras en la Asamblea se presenta una propuesta para declarar sesiones judiciales.
7 de diciembre de 1995: El PRD le revoca la curul a Miller y la asamblea le levanta su inmunidad parlamentaria.
2 de diciembre de 1997: Miller fue condenado a tres años de cárcel.
12 de marzo de 1999: El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, rechazó una petición para anular la sentencia.
1 de diciembre de 1999: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia de casación.
2 de diciembre de 1999: El Ministerio Público solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantener la condena.
3 de julio de 2000: La Sala Penal de la CSJ revocó el fallo del Juzgado Décimo Penal.
4 de julio de 2000: El contralor, Alvin Weeden, informó que a Mario Miller se le aplicó la revocatoria de mandato antes del proceso legal en su contra, por lo que no hay razones para que el Estado panameño le pague una indemnización en concepto de salarios caídos.
5 de julio de 2000: Miller advirtió que demandará por calumnia al procurador, José Antonio Sossa, al ex presidente Ernesto Pérez Balladares y al ex procurador, Carlos Augusto Villalaz, y pedirá una compensación de B/. 2 millones.
Mario Miller asegura que fue juzgado injustamente, "debido a que después de cinco años se reconoció que era inocente".
Con esa convicción acudió a la Corte Internacional de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reclamar daños, pues según manifestó a El Panamá América, vive una situación muy difícil y enfrenta problemas económicos que le han hecho hacer grandes sacrificios para educar a sus hijos.
Para este bocatoreño la justicia panameña requiere de una reforma constitucional radical y profunda para que pueda alcanzar a los desposeídos, a los pobres y a la gente que no tienen poder económico.
Además señaló que guarda muy buenas relaciones con miembros del Partido Revolucionario Democrático, pues su problema fue solamente con el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien utilizó el poder del Estado para afectarlo y no le dio derecho a la defensa ni la presunción de su inocencia, revocándole el mandato, expulsándolo del partido y encarcelándolo.
Miller, quien fue despojado de su condición de honorable legislador de la Asamblea Legislativa en diciembre de 1995 y expulsado de su colectivo político, para esa misma fecha, se convirtió en opositor al PRD y denunció irregularidades por parte de sus legisladores.
En el 2003 denunció ante el Tribunal Electoral cerca de 3,500 cambios de residencia de forma fraudulenta que se estaban dando en la provincia de Bocas del Toro.
Posteriormente se inscribió en el partido Cambio Democrático para optar por una legislatura para el periodo 1999-2004, curul que no pudo alcanzar al no salir electo.
En las elecciones de este año, realizada el pasado domingo 2 de mayo, nuevamente se postuló a la legislación en el circuito 1-1, pero corrió con igual suerte, ya que obtuvo la mayoría de votos, pero no pudo ocupar la curul al aplicarse el medio cociente.
El caso de Mario Miller y el del también ex legislador Anel Ramírez son los que han suscitado la expulsión de sus respectivos colectivos políticos, en la reciente historia legislativa panameña.
El ex procurador Carlos Augusto Villalaz denunció que el legislador del PRD, Mario Miller, exigió B/. 1 millón 450 mil, en dos entregas, al grupo de comerciantes que intentó extorsionar, de lo contrario los iba a denunciar en la Asamblea por el delito de contrabando.
El entonces presidente Ernesto Pérez Balladares aseguró que Mario Miller, a quien el PRD le revocó el mandato de legislador, tras ser acusado de extorsión, "está preso porque infringió la ley"" y no por orden del Órgano Ejecutivo.
"Les voy a decir otras cosas más: Mario Miller no está preso por culpa mía. Mario Miller está preso porque infringió la ley y porque lo ordenó el Ministerio Público", sentenció Pérez Balladares.
En tanto el representante del Ministerio Público, Rigoberto González, explicó que durante la audiencia celebrada en 1997 se demostró que Miller había tomado el maletín y que ello se confirma en las sentencias de primera y segunda instancia, en las cuales se declara responsable al sindicado de los delitos que se le imputan.
El director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Gabriel Castro señaló que durante el operativo, Miller aceptó el maletín con B/. 100 mil dólares sin ningún tipo de presión, lo abrió y procedió a revisar su contenido, destacando que de ello existen grabaciones y filmaciones.
El dinero estaba cifrado y marcado y el mismo pertenecía a los comerciantes que estaban siendo víctimas de la extorsión, añadió.
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