El "linchamiento" de Mario Miller

El caso del ex legislador Mario Miller recuerda la práctica del linchamiento en Estados Unidos. Aquella violencia, que tuvo su auge en la década antes de la Primera Guerra Mundial, fue dirigida contra los negros que desafiaron su status de inferiores ya sea educándose o teniendo éxito en el mundo comercial. Según sus verdugos blancos, los antiguos esclavos merecían ser ahorcados o incendiados porque cometían el crimen de que, siendo negros, se comportaban como si fueran blancos. El propósito que servía tan bárbara injusticia era escarmentar a la población negra para mantenerla subyugada (Patricia Williams, The Nation, 14 de febrero del 2000).
Después de repasar las actuaciones de Mario Miller desde que su victoria como legislador por el circuito 1,1 de Bocas del Toro fue reconocida por el Tribunal Electoral en junio de 1994, formulo la hipótesis de que perdió su escaño como legislador y estuvo encarcelado durante más de tres años por desafiar su status de inferior.
Miller no sólo se comportó de una manera que ofendió al presidente Pérez Balladares personalmente sino que demostró una beligerancia que podía causar problemas al gobierno de éste. Miller, a inicios de su gestión como presidente de la Comisión de Obras Públicas en la Asamblea, adquirió una relevancia poco usual en un nuevo legislador. Investigó las carreteras reportadas en malas condiciones en Coclé y Colón, prometió investigar una compañía frutera en Bocas y exigió al procurador Jorge Ramón Valdés que continuara con las investigaciones del uso por el ex legislador arnulfista Francisco Artola del fondo de B/. 10 millones para la reconstrucción de esa provincia.
Más importante, cuestionó públicamente al ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, expresando su sorpresa ante la falta de presupuesto en el renglón de inversiones en obras públicas en 1995. También objetó la destitución de empleados y a la venta y privatización de algunos de los servicios públicos como "una camisa de fuerza" impuesta por los organismos financieros de crédito internacional (La Prensa 22 de septiembre de 1994).
Lo anterior da motivo para pensar que el inquieto Mario Miller, como legislador y como presidente de la Comisión de Obras Públicas en la Asamblea, podía causar problemas a Pérez Balladares. Hoy se sabe que la oposición de Miller a los requerimientos del neoliberalismo iba diametralmente en contra de la política económica de Pérez Balladares y que la ausencia de presupuesto para inversiones en obras públicas se debía a que el Gobierno recurriría a la concesión administrativa, procedimiento que ahorraba dinero al fisco panameño solamente en apariencia y brindaba a las empresas agraciadas y a sus socios ocultos la facilidad de hacer grandes fortunas. Es más, Miller fue detenido precisamente cuando se preparaban las licitaciones para la construcción de las autopistas de los corredores Norte y Sur, que fueron otorgadas para la desdicha del pueblo panameño a PYCSA e ICA.
Del caso Miller llama la atención el hecho de que, siendo legislador y gozando de inmunidad, sólo podía ser detenido si se le cogía en flagrante delito, precisamente eso logró hacer la PTJ bajo la dirección de
Gabriel Castro, hombre de confianza de Pérez Balladares. Llama la atención que la denuncia de que Miller y un grupo de socios extorsionaba a varias empresarios de la localidad, fue hecha a la PTJ por el notorio ex procurador norieguista Carlos Augusto Villalaz, indultado por Pérez Balladares hacía tres meses. Uno se pregunta por qué los supuestamente extorsionados buscaron un abogado de tan pésimo historial.
Llama la atención que la PTJ, hasta entonces no conocida por su eficiencia, actuó como si fuera la FBI. Obtuvo B/. 100,000 para colocarlos en un maletín que se entregaría como un soborno, una grabación de una conversación supuestamente comprometedora y filmó el supuesto acto de transferencia del maletín. Llama la atención que para la entrega de dicho maletín hubiera escogido un restaurante porque, siendo un lugar público no era el mejor sitio para efectuar el traspaso de un soborno, pero era excelente lugar para tender una trampa a Miller quien comía allí con frecuencia. Porque desde el principio hubo desacuerdo entre los testigos presenciales en cuanto a si Miller aceptó o no el maletín, uno se pregunta por qué la PTJ dio la impresión de que tenía pruebas incontrovertibles contra Miller.
Llama la atención el hecho de que el mismo día que Miller se entregó, el 23 de noviembre de 1994, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, cuyo secretario era el presidente Pérez Balladares, se movilizó para revocar su mandato como legislador y expulsarlo del partido. Pérez Balladares anunció: "El CEN está solicitando al Tribunal de Disciplina que lo expulse, en función del mal comportamiento político y de su mala actuación, que podría causarle desprestigio al partido". Cuando se le preguntó por qué pedía la expulsión si Miller aún no había sido juzgado, el presidente respondió que "para nosotros la conducta de Miller es inaceptable, independientemente si resulta culpable, porque andaba en malas compañías. Su conducta lo hace un culpable político".
La detención de Miller, que causó gran consternación en la Asamblea, fue usada por el presidente Pérez Balladares para dar la impresión de incorruptibilidad. En esa misma ocasión, acotó: "Esta acción marca la determinación del Gobierno y del partido de asegurarnos que la cosa pública sea manejada con honradez prístina" (La Prensa 24 de noviembre de 1994).
Esta aseveración, repetida con insistencia por el presidente en los días siguientes, sirvió para elevar su prestigio precisamente cuando confrontaba las primeras protestas contra su plan de reformar la ley orgánica de la Administración de la Región Interoceánica (ARI) y remplazar al nuevo administrador de la ARI, José Chen Barría, para intervenir personalmente en la disposición de las propiedades aledañas al Canal.
En cuanto a Miller, por varios meses la Comisión de Credenciales de la Asamblea mantuvo que, por ser legislador, le tocaba al Organo Legislativo enjuiciarlo aunque hubiera sido sorprendido en flagrante delito. Ese argumento se derrumbó cuando el PRD revocó el mandato de Miller. Más tarde, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo del Código Judicial, anteriormente aprobado por la Asamblea, que obligaba a las autoridades a poner a disposición de la Asamblea a los legisladores sorprendidos en la comisión de flagrante delito. Ante esa medida, los legisladores se sintieron nuevamente amenazados. Según el perredista Miguel Bush, la decisión de la Corte dejaba al Ministerio Público las manos libres para hacer con cualquier legislador lo que se hizo con Mario Miller y permitía a cualquiera persona que quería pasarle una factura a un legislador, fabricar o poner una trampa para crear la flagrancia de un delito (El Panamá América 11 de septiembre y La Prensa 12 de septiembre de 1995).
En otro artículo analizaré lo transcurrido en los tres años que Miller pasó en la cárcel. Aquí observo que su audiencia, en octubre de 1997, coincidió con la audiencia de un sindicado por homicidio, Pedro Miguel González, hijo de Gerardo González Vernaza, entonces presidente de la Asamblea y del PRD.
Con respecto a la audiencia de Miller, llama la atención que un ex legislador fuera juzgado por un juez municipal, Enrique Pérez Alvarado, actuando como el juez suplente décimo de lo Penal debido a que el juez Anselmo Castillo, a cargo del expediente, pidió a última hora ser separado del cargo y las juezas Mitzi McGeachy y Zaida Cárdenas se declararon impedidas.
Miller fue declarado culpable a pesar de que, según El Panamá América y La Prensa, otra vez hubo desacuerdo entre los testigos presenciales en cuanto a si tomó de manos del ex procurador Villalaz el maletín con el soborno. El 2 de diciembre de 1997, Miller fue condenado a tres años de cárcel -que ya había cumplido- y ocho meses más. El procurador general José Antonio Sossa habrá creído en la culpabilidad de Miller porque, a pesar de que la pena le fue rebajada al ex legislador en 1998, la procuraduría ha insistido ante la Sala Penal de la Corte Suprema que Miller debe cumplirla en su totalidad.
Según mi hipótesis, el "linchamiento" de Miller sirvió para escarmentar a los legisladores, siendo uno de los factores que lograron que la aplanadora oficialista no sólo aprobara cuanto proyecto de ley recibió del Organo Ejecutivo, sino que le otorgara facultades especiales al presidente para gobernar por decreto ley. Además, cooperó sumisamente cuando los designios del presidente se extendieron más allá de su mandato. En octubre de 1997, la Comisión de Gobierno de la Asamblea aprobó el proyecto de reforma a la
Constitución que establecía la reelección presidencial y, el 18 de mayo de 1998, la aplanadora oficialista aprobó las enmiendas constitucionales que, de haber sido ratificadas en el referendo del 30 de agosto, hubieran permitido la reelección inmediata del presidente. El caso Miller, para mucho sirvió. ¿Cuál habrá sido el efecto que tuvo sobre la Corte Suprema el caso del magistrado Faúndes?