La ex primera dama de la República, Ruby Moscoso de Young, es perseguida por su pasado.

Ahora tendrá que explicar al ministerio Público la procedencia de unos 100 cheques del Gobierno por la suma de B/. 115 mil que fueron depositados en su cuenta bancaria personal entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2004.

También debe esclarecer el origen de otros 29 cheques por B/ 341,896.58 que giró a su favor el ex asesor presidencial George Weeden Gamboa (Q.E.P.D.) bajo el memorándum de referencia "5 magníficas", según consta en una auditoría de la Contraloría General de la República con fecha del 7 de agosto de 2007.

Weeden Gamboa transfirió esos fondos a la cuenta de Ruby Moscoso a razón de B/ 12 mil 500 promedio por mes durante tres años.

Las pesquisas de la Contraloría revelan que ese dinero correspondía a un porcentaje de los B/. 40 mil mensuales que recibió Weeden Gamboa de la empresa Waked Internacional, cuyo dueño es Abdul Mohamed Waked.

Durante el tiempo en que se registraron estos pagos, el Gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso adjudicó por contratación directa a Waked Internacional S.A. la concesión millonaria de locales en la Zona Libre del aeropuerto de Tocumen.

Esto último fue investigado sin lograr establecer una conexión directa de los funcionarios beneficiados y los cheques.

Un portavoz de Waked aseguró al Panamá América que esos pagos corresponden a un contrato de arrendamiento de 4 locales (B/. 10 mil mensuales cada uno) que éste firmó con Weeden Gamboa, quien supuestamente era el dueño de los locales.

La Contraloría pidió al ministerio Público citar a Waked para que aclare o justifique los fondos por un total de B/. 1 millón 140 mil que otorgó al ex Asesor presidencial.

Clan familiar acapara negocios.
Se confirmó un trasiego de fondos millonarios de entidades benéficas que controlaba Ruby Moscoso a las arcas de empresas manejadas por su nieto, Sebastián Young y la esposa de este Annette V. de Young.

Ambos retribuyeron cheques por un total de B/. 90 mil a Ruby Moscoso, una vez sus empresas recibieron el pago estatal.

Además, recibieron B/. 178 mil 589 en cheques de la fundación Pro-Educación Integral de la Niñez y la Juventud, cuyos fondos provenían de Taiwán.

Posible lesión patrimonial.
Llama la atención que todas las transacciones se hicieron con cheques.

Ruby Moscoso de Young: Gestionó, emitió y depositó cheques oficiales de terceras personas en sus cuentas bancarias; pagos que fueron indebidos. Además, pagó atención médica de su esposo con fondos públicos.

Dalvis Xiomara Sánchez: Autorizó un cheque del ministerio de la Presidencia por B/. 28 mil para cubrir costos de actividades de la entidad. Pero el dinero se usó para abrir un depósito a favor de una empresa de George Weeden.

Annette Vásquez de Young: Giró un cheque por B/. 10 mil a favor de su abuela política Ruby Moscoso, en el periodo en que su empresa realizó ventas millonarias a las entidades benéficas que manejaba la ex Primera Dama.

Sebastián Young Pino: Giró un cheque a su abuela Ruby Moscoso por B/. 80 mil, el mismo día en que su empresa recibió un pago de B/. 163 mil 488 por "ventas" realizadas a las entidades benéficas que manejaba su abuela.

Marixenia Moscoso: Es sobrina de Ruby Moscoso y cobró varios cheques por laborar al mismo tiempo en el ministerio de la Presidencia y en la Autoridad Marítima. Los depositó en la cuenta de su tía.

Guillermo E. Guardia: Era el encargado de hacer los depósitos y cambiar los cheques de la cuenta personal de Ruby Moscoso y al mismo tiempo, trabajaba como asalariado en el ministerio de la Presidencia.

Eduviges Solís Córdoba: Recibió 17 cheques del ministerio de la Presidencia por B/. 13 mil, que depositó en la cuenta bancaria de Ruby Moscoso. Cobraba la ropa que se vendía del taller de la ex Primera Dama.

Katia Pérez de Gracia: Autorizó diez cheques por la suma de B/ 15 mil de la fundación Pro Obras Benéficas para cancelar pagos por servicios personales que no corresponden a gastos de las entidades benéficas.

Plinio Granda Landucci: Fue directivo de la fundación Pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud y autorizó pagos por B/. 8 mil para cancelar servicios prestados en la residencia de Ruby Moscoso.