El tan anunciado proyecto del tren ligero parece haber fracasado, al menos en este periodo gubernamental, ya que el ministro de Obras Públicas, Víctor Juliao, informó que "el tren va", pero si el Partido Arnulfista gana las elecciones del 2004.
La firma francesa BCEOM había ganado la licitación pública internacional para realizar el diseño, planos y demás estudios de la obra, por un valor de 21,5 millones de dólares. "Yo les puedo garantizar que nosotros cuando ganemos las elecciones del 2004, vamos a hacer ese tren ligero de todas maneras, ya que para mí es el proyecto social más grande que tiene toda el área metropolitana", enfatizó.
Aquí en Panamá, dijo, es muy fácil estar hablando de buses articulados y otra serie de propuestas, que es más de lo mismo, aunque sea a menor costo.
"Ya está bueno, Panamá tiene que estar pensando en proyectos de mediano y largo plazo. El tren ligero es un proyecto de 50 a 60 años de plazo de uso. No estamos hablando de buses que a los 5 ó 10 años están hechos una porquería", destacó.
Fuentes allegadas al MOP aseguraron que la falta de financiamiento, es uno de los más grandes obstáculos que ha impedido la continuación del proyecto, a la vez que se ha dado mayor importancia a la construcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá.
Aguilera Franceschi, graduado en la Universidad Javeriana de Colombia y con una maestría en Derecho en The London School of the Economics and Political Science de Inglaterra, fue ratificado en el cargo por los próximos siete años.
Se enfrenta a críticas por no existir una carrera judicial dentro de la entidad que incentive al personal y a una imagen institucional deteriorada debido a las pugnas con el procurador y a los agentes y ex agentes involucrados en delitos varios.
El primer director civil de la PTJ y también ex director de la Policía Nacional, Oswaldo Fernández, argumenta que la PTJ está más sometida que nunca a los vaivenes de la política de los gobernantes, no los partidistas.
Prueba de ello es que se le han hecho reformas a la ley que tiene que ver con quién nombra y quién destituye al director, subdirector y secretario general, pero no a lo medular: El mejoramiento del organismo como institución o a sus miembros. Por consiguiente, la entidad está desprotegida y más vinculada a los gobernantes de turno.
Pero, ¿cuánto poder encierra la PTJ, para que los gobernantes se interesen tanto en ella? La razón es simple: Esa es una policía de investigación científica, que maneja datos e información sensitiva en todo el territorio nacional. Por tanto, cuando los casos pasan a los fiscales o a los entes de instrucción, ya llevan toda la información recabada y el camino de investigación recorrido, argumentó Fernández. Esto representa un control delicado y sensitivo que da una cuota importante de poder. De ahí el interés de los gobernantes en este organismo.
En relación con el escalafón salarial y la profesionalización de los miembros de la entidad, Fernández reconoce que en la Policía Nacional se ha respetado más la antigüedad del funcionario que en la PTJ, tomando en cuenta que se han nombrado detectives e inspectores nuevos, con mejores salarios y posiciones que los que tienen la antigüedad necesaria para merecer un ascenso.
Con esta acción se rompe el hilo del escalafón y se deja de lado la ley de la institución, lo que desmoraliza al funcionario y merma su productividad, manifestó.
"Si se quiere nombrar a funcionarios de confianza, entonces que se les nombre en cargos administrativos", advirtió el ex director, al tiempo que recalcó que la PTJ no puede constituirse en un botín político y mucho menos en una agencia de empleo del gobernante de turno. Recordó a las autoridades que esa organización debe laborar siempre con espíritu de cuerpo, lo que es bien conocido por los inspectores y los detectives.
En otro ángulo, Oswaldo Fernández se refirió a las pugnas que han existido en los últimos años entre el procurador José Antonio Sossa y los directores y subdirectores del organismo de investigación. A su juicio, se ha tratado de "un problema de ego", lo que es irrelevante ante la ola de delincuencia que enfrenta la nación.
Se refirió, además, a un memorándum enviado por Sossa en el que prohibía a los funcionarios de la PTJ, incluido su director, emitir declaraciones ante los medios de comunicación.
Lo importante, dijo, es que la relación del procurador debe ser de armónica colaboración con la PTJ, por lo que no es normal ni funcional un memorándum de esta naturaleza. Estas acciones pueden entorpecer la labor del organismo, sustentó.
*En este trabajo participaron: Carlos Vargas, Yariela González y Elizabeth Muñoz de Lao.
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