Tras más de tres horas de reunión entre caciques del pueblo Wounaan, Majé Emberá Drúa y el ministro de Ambiente (MiAmbiente), Emelio Sempris, no se llegó a un acuerdo por la titulación de Tierra Colectiva, con base en la Ley 72 de 2008.'

Diferencias

Batalla Legal

Los grupos indígenas ya han presentado una denuncia criminal en la Procuraduría General de la Nación y llegarán hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar apoyo.

Acta de reunión

Según el documento, MiAmbiente pedía inspeccionar las comunidades de Majé Emberá Drúa, Río Hondo y Platanares, Majé Chimán, Mercadeo, Bajo Lepe, Aruza y Pijisbasal, pero los caciques se negaron, aduciendo que ese proceso ya se había realizado.

Expectativa

Los caciques afirmaron que se quedarían en las instalaciones del ministerio hasta obtener el visto bueno.

Al bajar del despacho de Sempris, a las 5:00 p.m., los representantes indígenas hicieron un llamado a más compañeros para sumarse a la lucha por la titulación de sus terrenos y advirtieron que buscarían pailas para cocinar en las inmediaciones de MiAmbiente, en Albrook.

Los indígenas de las comunidades Majé Emberá Drúa y los pueblos Wounaan de Panamá Este denunciaron que llevan dos años intentando que MiAmbiente les dé el visto bueno para que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) les titule sus terrenos.

"Sempris no ha querido firmar, así que nos levantaremos de la mesa", indicó el cacique Diogracio Puchicama, de la comunidad Wounaan.

La demora en el proceso de aprobación en MiAmbiente ha provocado que 15 de 17 comunidades se vean afectadas por la falta de titulación colectiva.

Solo en enero pasado, las tierras de los Wounaan fueron invadidas. "Al no tener una posesión legal, les talan los árboles y acaban con los árboles", explicó Héctor Huertas, abogado del pueblo Wounaan.

Base legal

Para Chenier Carpio, presidente del Congreso Nacional del pueblo Wounaan, MiAmbiente debe respetar el artículo 13 de la Ley 72 de 2008, mediante la cual Anati le envía a este ministerio los papeles para el visto bueno, proceso que ha tomado más de dos años.

"Deben entender que al aprobar esta ley no vamos a venderlas (las tierras), sino que vamos a convivir y mantener las costumbres fuera de la comarca", dijo el cacique Carpio.

Las únicas declaraciones que dio el ministro fueron en horas de la mañana de ayer, cuando dijo que el problema era más antiguo y que era complicado resolverlo.

Apoyo

Debido al poco balance entre las partes, el defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, llegó a mediar en el problema entre indígenas y MiAmbiente, ya que los primeros aducían que la demora era por discriminación y política.

"El Gobierno discrimina a los indígenas; esa negación no tiene razón de ser, no es una posición legal, sino política y discriminatoria", destacó Huertas.

Castillero Hoyos explicó que ellos estaban ahí "para que no haya violación de derechos humanos".

A pesar de ello, Sempris no logró convencer a las comunidades indígenas de evaluar las tierras, nuevamente.