El Juzgado Primero Penal de Colón llamó a juicio por el delito de falsificación de documentos a la alcaldesa, Matilde Rosales de Ardines; al tesorero municipal, José Mercedes Brown; al asesor legal, Luis Banque; a Víctor Rivera y Richard Stanton, mientras que dio un sobreseimiento a favor de los 16 concejales bajo investigación.
En un auto mixto, el juzgado decidió desestimar los cargos de asociación ilícita y estafa formulados contra la alcaldesa Ardines, Brown, Banque, Rivera y Stanton, pero acogió la petición del fiscal superior especial, Cristóbal Arboleda, de llamarlos a juicio por el delito de falsificación de documentos.
También el tribunal decidió sobreseer de todos los cargos a los concejales Felipe Barrios, Felipe Fuentes, Walter Chiari, Clinton Rodríguez, Germán Torres, Fernando Mitre, Istmeño Avila, Edilberto Ballesteros, Marcos Hughes, Jaime Luna, Eloy Mitre, Daniel Ortega, Gerardo Rentería, Santos Domínguez Sossa, Adán Vásquez y Carlos Villarreal.
En el caso de los concejales el juzgado determinó que en los delitos imputados éstos actuaron dentro del ámbito de actividades propias de sus cargos, como miembros con voz y voto dentro del Consejo Municipal de Colón.
También se estableció que dentro la investigación adelantada por la fiscalía este hecho no puede ser fuente de la comisión de un delito y sólo debe considerarse como parte de sus actuaciones dentro del Concejo.
Las investigaciones relacionadas con este caso se iniciaron en el año 2000, luego que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertara a la Embajada de Panamá en Washington sobre la existencia de una emisión de bonos por B/.300 millones sin respaldo que intentaban ser colocados en mercado bursátil de ese país.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público logró determinar la vinculación de las empresas Trident Plus y Constructora Rivera que supuestamente realizarían una serie de obras en la Provincia de Colón, una vez los bonos fuesen colocados en el extranjero.
En las sumarias también se investigó a los empresarios Víctor Rivera y Richard Stanton como los autores intelectuales del fraude, mediante la emisión de los bonos que serían colocados en Estados Unidos y Europa.
Según las investigaciones un funcionario de Control Fiscal de la Contraloría de la República se encontraba presente el 31 de mayo del 2,000, cuando se autoriza al tesorero municipal, José Mercedes Brown, la emisión de los bonos necesarios para realizar las transacciones a fin de cumplir con el contrato de préstamo con garantía de bonos municipales por valor de B/.300 millones con la empresa Triden Plus.
En este expediente también se investigó a los empresarios Luis Sempero, Alfonso Edwards y Jesús Yerena.