El diario El Tiempo de Bogotá, que tuvo acceso al estudio de ambas defensorías, dio a conocer ayer que los refugiados fueron engañados y que la Policía Nacional de Panamá separó familias constituidas al expulsar a varios de sus miembros, entre ellos, hijos pequeños nacidos en Panamá.
"Encontramos cinco grupos familiares rotos, y eso es tan grave que el Gobierno panameño ya aceptó volver a traer a esas mujeres y a esos niños", dijo a El Tiempo, Ricardo Vargas, primer adjunto del defensor de Panamá, al señalar que este es uno de los puntos que más preocupa.
El Panamá América contactó ayer a un funcionario de la Defensoría panameña para conocer detalles de esta investigación, pero se nos informó que Vargas todavía está en Colombia y que sólo él podía brindar la información.
No obstante, la Defensoría panameña confirmó lo publicado y dijo que se está afinando el informe para presentarlo en los próximos días. Según el prestigioso diario colombiano, el informe de ambas defensorías desatará "un escándalo internacional".
Por su parte, en Panamá, Carlos Barés, director de la Policía Nacional, declaró anoche a El Panamá América que no es cierto lo que señala el informe, limitándose a indicar que le extraña que las defensorías de ambos países estén manifestando esto.
Otro punto que quedó establecido en el citado informe, es que la Policía panameña quemó 14 viviendas de refugiados y derribó otras 10. El punto en el que coinciden todas las denuncias, tanto las recogidas en Colombia como en Panamá, es la forma en que se les mintió para enviarlos a Colombia sin resistencia.
Se verificaron 67 establecimientos comerciales distribuidos en las provincias de Panamá, Chiriquí, Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y Colón de la siguiente manera:
Panamá - 5 establecimientos
Chiriquí - 9 establecimientos
Los Santos - 10 establecimientos
Herrera - 16 establecimientos
Veraguas - 8 establecimientos
Coclé - 7 establecimientos
Colón - 12 establecimientos
