El Estado panameño pudo perder hasta 20 millones de dólares producto de las aparentes disputas que mantiene el Contralor General de la Nación, Alvín Weeden con el director del Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Gonzalo Córdoba, indicaron fuentes consultadas por El Panamá América.
La magnitud del hecho se evidencia con el cuestionario de 16 preguntas que el Procurador de la Nación, José Antonio Sossa, envió hace más de un mes al contralor Alvin Weeden, en atención a una demanda interpuesta por los representantes legales de SENACYT.
Según algunos, la génesis del conflicto parece estar en una disposición de la Contraloría contra diversas entidades gubernamentales que establecía normas para la adquisición de equipo de telecomunicaciones y que, al parecer, no fue del agrado de Córdoba.
Sin embargo, fuentes vinculadas a los procesos que se analizan a nivel de la Procuraduría de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia dan cuenta que la situación va mucho más atrás.
Por ejemplo, entre los meses de agosto y noviembre del 2001 SENACYT envió a la Contraloría para su refrendo múltiples contratos que eran parte de un convenio firmado por Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el organismo de crédito internacional facilitó, a través de diversos contratos, fondos por casi de B/. 18 millones.
Según la instancia consultada, la Contraloría, que cuenta con el plazo de un mes para aprobar o desestimar un contrato, según lo establecido en la ley y la Constitución, tardó casi cuatro meses en dar el refrendo. ¿Porqué la tardanza?
Weeden aún no ha devuelto el cuestionario. "La acción del Contralor", manifestó la fuente "puso en graves problemas a la República de Panamá, pues una cláusula del convenio dispone que si el país incumple el contrato de préstamos con el BID este organismo puede dar por finiquitado el compromiso y exigir al país el pago total del préstamo".
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