Cinco de los 12 estudiantes universitarios, detenidos el pasado martes en medio de un enfrentamiento con antimotines, podrían ser acusados y encarcelados por actos de terrorismo, confirmó una fuente judicial.
Estos jóvenes, quienes se mantienen detenidos en la cárcel preventiva de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), acudieron a rendir indagatoria este jueves a la Fiscalía Auxiliar, acompañados de un grupo de cuatro abogados, aunque no se informó del resultado del interrogatorio.
De igual forma, se conoció que varios universitarios realizaron hoy una vigilia en los predios de esta fiscalía como muestra de apoyo a sus compañeros.
Mientras esto sucedía, Luis Aldeano, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aseguró que están a la espera de una respuesta del mandatario Juan Carlos Varela o del Contralor de la República, Federico Humbert para dialogar sobre sus peticiones.
"Si no nos toman en cuenta, nos veremos obligados a llevar a cabo otro tipo de medidas, pero ese se discutiría entre todos (los estudiantes)", declaró el dirigente estudiantil.
Así mismo, señaló que han dado un plazo hasta el próximo lunes para que las autoridades gubernamentales tomen en cuenta sus quejas, entre ellas, que el Consejo de Gabinete de luz verde a la Universidad de Panamá (UP) para la adquisición de un globo de terreno en Chepo (250 hectáreas) para que los estudiantes de agronomía realicen sus prácticas de campo y profesionales.
El costo de esta parcela es de 10 millones, no obstante, la administración del rector Gustavo García de Paredes, vendió en 2013 una finca de 325 hectáreas a la empresa Tocumen S.A., por un monto de 109.8 millones, ubicados cerca a la terminal aérea. A este lío se suma la deuda de 50 millones que mantiene el aeropuerto con la UP por la transacción.
Sistema con fallas
Por otro lado, familiares de estudiantes extranjeros denunciaron que el sistema judicial y carcelario de Panamá posee serias fallas en detrimento de los detenidos.
Mileny Godoy, pariente de uno de estos sujetos, dijo que por ser foráneos, "los trasladaron primero a la subestación policial de San Miguel, en Calidonia, junto con delincuentes comunes". La venezolana contó que posterior a ese episodio, los 4 extranjeros fueron llevados al albergue temporal de migración en Curudú.
"Es una cosa insólita, una injusticia increíble... el sistema de comunicación entre los organismos públicos no sirve. No nos dieron respuesta ni en la DIJ, ni en la fiscalía ni en Migración, estamos asustados"...
Por último, la Policía Nacional (PN) se remitió a contestar a la prensa local a través de un comunicado en el que aseguraron que "como institución garante del orden, la paz, el respeto a los derechos humanos y a la convivencia pacífica, seguiremos cumpliendo la ley al pie de la Constitución".
