Evaluación y recomendaciones
Publicado 1999/08/31 23:00:00
- MEREDITH SERRACÃN
El sector empresarial, industrial y comercial del país coincide en dar una calificación positiva a la política económica de Ernesto Pérez Balladares, aunque destaca el trauma y costo de este logro que fue y será tan debatido.
Crecimiento económico y aumento del nivel de competitividad del país son los argumentos centrales del sector al sustentar esta opinión.
Sin embargo, gremios poderosos como el Sindicato de Industriales de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, así como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) dirigen el dedo acusador a la forma abrupta como el mandatario aplicó las medidas, así como la falta de consulta en general.
El tema de la rebaja arancelaria y las condiciones para el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio (OMC) son puntos centrales que se destacan en las consultas periodísticas a representantes de estos sectores productivos.
Aunque las decisiones de Pérez Balladares fueron catalogadas como impo pulares, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Manuel José Paredes A., las consideró necesarias para adecuar la economía panameña a las demandas futuras en el mundo.
Paredes considera que el presidente le dio "elegancia y prestancia" al país al colocarlo en el marco internacional, y lo ayudó a cambiar la imagen negativa que lo marcó en la década del 80.
Ve como un gran logro del inquilino que deja el Palacio de Las Garzas, el crecimiento económico alcanzado en los últimos cinco años y el impedir que el desempleo aumentara.
Para Alberto Pons, presidente saliente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el avance de la economía no se reflejó en los sectores industrial y agroindustrial.
Indicó que al gremio no se le escuchó cuando solicitó una gradualidad a la política de globalización impulsada por el entonces ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman.
Los resultados fueron las fuertes inversiones que tuvieron que hacer algunas industrias para acoplarse, en tanto que otras sufrieron a tal punto que se registró una reducción de 5,000 empleos.
"Eso es lo negativo de esa política; la velocidad abrupta, el poco análisis de los temas, pues las reglas matemáticas no siempre son aplicables a la vida cotidiana", destacó Pons.
Sobre la política de apertura comercial, sostuvo que no siempre ésta conlleva trato recíproco, y mencionó como ejemplo las negociaciones entre Panamá y Costa Rica.
Criticó que la leche y sus derivados tengan aranceles de 40 y 15% para exportar de Costa Rica a Panamá, en tanto que de aquí para allá los aranceles son superiores al 100%.
Advirtió que en estas relaciones comerciales sin muros, es necesario que el país tenga con qué protegerse, pues de lo contrario, las naciones grandes como Estados Unidos o cualquiera del MERCOSUR pueden hacer desaparecer una industria nacional.
Indicó que uno de los resultados de la globalización debe ser que el pueblo obtenga los productos al mejor precio, y las ventajas de la apertura de mercados se reflejarán en el desarrollo del país mediante el impulso a las exportaciones.
Por su parte, Nivia Rossana Castrellón, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), coincide en que aunque muchas de las medidas aplicadas eran imprescindibles para la modernización económica del país, pero no se hicieron las consultas necesarias con los sectores involucrados.
Recordó que Panamá tenía pendiente una serie de temas que son de vital importancia, como es el caso del ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Consideró que se negoció este ingreso en desventaja, pero era imprescindible, y que tanto el sector público como el privado deben tener claro que para que un país tenga un modelo de crecimiento económico sostenido, se tienen que lograr agendas comunes.
Según Castrellón, en ese sentido Pérez Balladares tuvo la iniciativa de dialogar con el sector privado de manera institucionalizada, efectuando reuniones todos los meses, con propuestas concretas, muchas de las cuales llegaron a cristalizar, debido a que hubo un compromiso y una agenda común.
Mencionó que entre las propuestas que cristalizaron estuvo el concepto de "gerencia educativa", en el que se consideró fundamental más días efectivos de clases para los niños y jóvenes del país.
También citó como un logro la creación del viceministerio de Comercio Exterior, y la aplicación de algunas iniciativas en el sector transporte.
Al hacer un análisis de los cambios en el modelo económico, Castrellón señaló que en Panamá existía el grave problema de ciertos enclaves económicos, que eran los ejes de la economía panameña y que no estaban funcionando como debían.
Agregó que en el país también había un modelo de sector público empleador que fracasó, como es el caso de los ingenios estatales, en donde se perdió dinero y no se lograron los resultados esperados.
Ante esa situación, el sector privado tuvo que tomar un papel mucho más preponde rante en todo lo que era generación de riquezas y de bienestar en el país, indicó Castrellón.
Destacó que ese papel del sector privado se fortaleció después de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, que derrocó al gobierno controlado por los militares.
"El sector privado panameño fue el que reconstruyó el país. No fueron los grandes empréstitos, ni fondos no reembolsables que vinieron del exterior", dijo.
La presidenta del CoNEP calificó como un milagro que Panamá haya logrado en pocos años una industria portuaria con estándares de competitividad y tarifas a nivel mundial. Según dijo, ello es el mejor ejemplo de una privatización bien llevada.
Sobre las medidas impopulares tomadas por Pérez Balladares, opinó que la situación de la Caja de Seguro Social (CSS), en especial el déficit que tiene el Programa de Vejez, Invalidez y Muerte, así como el Programa de Enfermedad y Maternidad, hacen que cualquier medida que se tome no sea agradable, como fue el caso de la eliminación de las jubilaciones especiales.
En cuanto a las reformas al Código de Trabajo, afirmó que existe una tasa de desempleo del 14% y puestos de trabajo que no pueden ser ocupados porque no hay personas que llenen los requisitos, lo que limita el desarrollo de las empresas.
Por ello, agregó, se hubo que hacer ciertas modificaciones, pero negociadas a nivel tripartito (gobierno-empresarios-obreros).
"Las imposiciones no son bien recibidas, pero todos tenemos que tener conciencia de los cambios y que hay que adecuar las legislaciones a las realidades nacionales", considera Castrellón.
Agregó que Pérez Balladares tuvo que tomar las decisiones que otros debieron adoptar hace 20 años, por lo que su aplicación ha sido más dolorosa.
Como efecto práctico señala que Panamá es el único país de Latinoamérica que ha tenido un crecimiento del 3%, debido a una disciplina fiscal, un sólido sistema financiero y la presencia del dólar.
Al igual que Castrellón, Alberto F. Pons da un punto favorable al tema de la privatización, al considerar que para el industrial es una norma y no la excepción, pues en Latinoamérica casi todos los países han incursionado en esta corriente que traspasa las empresas del Estado a la administración privada.
Opina que esta corriente se sustenta en que la empresa privada es más eficiente que la pública, y se requería para tener acceso a préstamos y a financiamiento de obras que de otra manera no se hubiesen podido hacer.
Sostiene que a largo plazo la medida debe traer ventajas comparativas. En forma inmediata cita el logro en materia de telefonía celular, aunque no opina igual del sector eléctrico, el que según dijo, debe ser más eficiente.
RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO ENTRANTE
Un país más productivo, altamente competitivo y que ofrezca mayor bienestar a su gente, son los puntos hacia los que se dirigen las recomendaciones del sector privado al nuevo gobierno.
Para Manuel José Paredes, de la Cámara de Comercio, cualquier ajuste que se haga es bueno, siempre que la política general de ir hacia la economía globalizada y abierta tenga como objetivo primordial la competitividad.
Reconoció que debe darse prioridad a los problemas de salud, educación, infraestructura y seguridad.
Recomendó crear las condiciones necesarias para que tanto inversionistas nacionales como extranjeros puedan hacer uso de las áreas revertidas para destacar la presencia de Panamá en el mundo.
En tanto Pons, del Sindicato de Industriales, le dice a la presidenta electa, Mireya Moscoso, que el país que no produce no progresa.
"Hay que entender que el trabajo que produce la industria es seguro, y segundo en salarios, luego del Canal de Panamá, inclusive con mucho más empleados y con estabilidad laboral", destacó.
El CoNEP, en tanto, recomienda a quienes asumen hoy el poder, que propicien una economía de mercado con responsabilidad social, lo que implica que se le dé al sector privado mayor libertad para que pueda crear bienestar y generar tanto riqueza como empleos.
A juicio de Nivia Rossana Castrellón, el Estado tiene el compromiso de velar que todo lo relativo a la parte social sea llevada delante de la mejor manera.
"Nuestra población no va a poder crecer ni ser más independiente, ni superar los problemas de desiguales niveles de pobreza o riqueza, si no tienen acceso a servicios públicos, de salud y educación", señaló.
Para la presidenta del CoNEP, Panamá debe superar ciertas tendencias que la afectan, como es el bajo número de empresarios por habitante en el continente.
"Debe hacerse el mayor esfuerzo para facilitar el inicio y la preservación de actividades empresariales. Eso es fundamental", afirmó.
"También se deben hacer programas muy integrales y abarcadores en todo lo que concierne a nuestras políticas de comercio exterior. Hay que analizar rubro por rubro, para determinar dónde hay competitividad y dónde se hace necesario hacer los cambios, analizando el tema de la reconversión y las necesidades de financiamiento", aseguró Castrellón.
Añadió que el nuevo gobierno debe tener muy claro el papel del sector privado, el cual necesita un gobierno que permita que se desarrolle la actividad empresarial.
"Todavía existen muchos obstáculos, y eso trae como consecuencia que muchos empresarios en potencia no asuman el riesgo", expresó Castrellón.
Explicó que los economistas llaman a estos obstáculos "altos costos de transacción", ya que es difícil hacer negocios en Panamá debido a la cantidad de pisos que hay que subir y bajar para obtener los permisos correspondientes, como es la conformación y suscripción de una sociedad anónima.
"La propia inscripción en la CSS es difícil y toma tiempo, así como la inscripción en el municipio. Todo esto hace que no haya incentivos para la actividad empresarial pequeña y mediana, que es el gran generador de empleos", detalló.
Afirmó que de 1995 a 1998, la empresa privada invirtió 451 millones de dólares en capital social, lo que significó al mismo tiempo la creación de 46,000 empresas, que a su vez, generaron 146,000 puestos de trabajo, aproximadamente 3 puestos de trabajo por cada empresa creada.
LOS ARANCELES
Para Paredes, de la Cámara de Comercio, cualquier ajuste arancelario es bueno, pues considera que los planes no son escritos en piedra y es humano equivocarse.
Indicó que la administración de Pérez Balladares redujo más de lo debido algunos aranceles que son necesarios para que el productor e industrial panameño trabajen en condiciones de igualdad, calidad y precio del producto importado.
Afirmó que ante estas circunstancias, se deben hacer las modificaciones pertinentes, pero aclara que ello debe darse sólo cuando a la subida arancelaria se le ponga una fecha límite para regresar a los niveles actuales, y que en ese periodo se dé la oportunidad a los nacionales de hacer los cambios que les permitan ser competitivos con el producto importado, tanto en calidad como en precio.
La posibilidad de una subida de aranceles no deben tomarla los productores como un simple acto de protección, sino que deben pensar en ser más competitivos e invertir en tecnología, opinó Pons, hasta hace dos semanas presidente del SIP.
Afirma que la prometida alza en los aranceles, por parte del gobierno entrante, no es la solución si no se acompaña de una inversión en tecnología, en mejorar las vías de producción y fortalecer los canales de exportación.
Sobre este tema, Castrellón, del CoNEP, sustenta que algunos aranceles fueron controvertidos, pero que la baja se tuvo que hacer, pero que la medida debió acompañarse de un programa de reconversión y de formación de los productores nacionales en el manejo y la comercialización de productos perecederos, pues sólo así es posible ser competitivos.
Considera que no debe pensarse en subirlos sino en fortalecer la competencia, recomendando al nuevo gobierno mucha "cautela".
Crecimiento económico y aumento del nivel de competitividad del país son los argumentos centrales del sector al sustentar esta opinión.
Sin embargo, gremios poderosos como el Sindicato de Industriales de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, así como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) dirigen el dedo acusador a la forma abrupta como el mandatario aplicó las medidas, así como la falta de consulta en general.
El tema de la rebaja arancelaria y las condiciones para el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio (OMC) son puntos centrales que se destacan en las consultas periodísticas a representantes de estos sectores productivos.
Aunque las decisiones de Pérez Balladares fueron catalogadas como impo pulares, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Manuel José Paredes A., las consideró necesarias para adecuar la economía panameña a las demandas futuras en el mundo.
Paredes considera que el presidente le dio "elegancia y prestancia" al país al colocarlo en el marco internacional, y lo ayudó a cambiar la imagen negativa que lo marcó en la década del 80.
Ve como un gran logro del inquilino que deja el Palacio de Las Garzas, el crecimiento económico alcanzado en los últimos cinco años y el impedir que el desempleo aumentara.
Para Alberto Pons, presidente saliente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el avance de la economía no se reflejó en los sectores industrial y agroindustrial.
Indicó que al gremio no se le escuchó cuando solicitó una gradualidad a la política de globalización impulsada por el entonces ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman.
Los resultados fueron las fuertes inversiones que tuvieron que hacer algunas industrias para acoplarse, en tanto que otras sufrieron a tal punto que se registró una reducción de 5,000 empleos.
"Eso es lo negativo de esa política; la velocidad abrupta, el poco análisis de los temas, pues las reglas matemáticas no siempre son aplicables a la vida cotidiana", destacó Pons.
Sobre la política de apertura comercial, sostuvo que no siempre ésta conlleva trato recíproco, y mencionó como ejemplo las negociaciones entre Panamá y Costa Rica.
Criticó que la leche y sus derivados tengan aranceles de 40 y 15% para exportar de Costa Rica a Panamá, en tanto que de aquí para allá los aranceles son superiores al 100%.
Advirtió que en estas relaciones comerciales sin muros, es necesario que el país tenga con qué protegerse, pues de lo contrario, las naciones grandes como Estados Unidos o cualquiera del MERCOSUR pueden hacer desaparecer una industria nacional.
Indicó que uno de los resultados de la globalización debe ser que el pueblo obtenga los productos al mejor precio, y las ventajas de la apertura de mercados se reflejarán en el desarrollo del país mediante el impulso a las exportaciones.
Por su parte, Nivia Rossana Castrellón, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), coincide en que aunque muchas de las medidas aplicadas eran imprescindibles para la modernización económica del país, pero no se hicieron las consultas necesarias con los sectores involucrados.
Recordó que Panamá tenía pendiente una serie de temas que son de vital importancia, como es el caso del ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Consideró que se negoció este ingreso en desventaja, pero era imprescindible, y que tanto el sector público como el privado deben tener claro que para que un país tenga un modelo de crecimiento económico sostenido, se tienen que lograr agendas comunes.
Según Castrellón, en ese sentido Pérez Balladares tuvo la iniciativa de dialogar con el sector privado de manera institucionalizada, efectuando reuniones todos los meses, con propuestas concretas, muchas de las cuales llegaron a cristalizar, debido a que hubo un compromiso y una agenda común.
Mencionó que entre las propuestas que cristalizaron estuvo el concepto de "gerencia educativa", en el que se consideró fundamental más días efectivos de clases para los niños y jóvenes del país.
También citó como un logro la creación del viceministerio de Comercio Exterior, y la aplicación de algunas iniciativas en el sector transporte.
Al hacer un análisis de los cambios en el modelo económico, Castrellón señaló que en Panamá existía el grave problema de ciertos enclaves económicos, que eran los ejes de la economía panameña y que no estaban funcionando como debían.
Agregó que en el país también había un modelo de sector público empleador que fracasó, como es el caso de los ingenios estatales, en donde se perdió dinero y no se lograron los resultados esperados.
Ante esa situación, el sector privado tuvo que tomar un papel mucho más preponde rante en todo lo que era generación de riquezas y de bienestar en el país, indicó Castrellón.
Destacó que ese papel del sector privado se fortaleció después de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, que derrocó al gobierno controlado por los militares.
"El sector privado panameño fue el que reconstruyó el país. No fueron los grandes empréstitos, ni fondos no reembolsables que vinieron del exterior", dijo.
La presidenta del CoNEP calificó como un milagro que Panamá haya logrado en pocos años una industria portuaria con estándares de competitividad y tarifas a nivel mundial. Según dijo, ello es el mejor ejemplo de una privatización bien llevada.
Sobre las medidas impopulares tomadas por Pérez Balladares, opinó que la situación de la Caja de Seguro Social (CSS), en especial el déficit que tiene el Programa de Vejez, Invalidez y Muerte, así como el Programa de Enfermedad y Maternidad, hacen que cualquier medida que se tome no sea agradable, como fue el caso de la eliminación de las jubilaciones especiales.
En cuanto a las reformas al Código de Trabajo, afirmó que existe una tasa de desempleo del 14% y puestos de trabajo que no pueden ser ocupados porque no hay personas que llenen los requisitos, lo que limita el desarrollo de las empresas.
Por ello, agregó, se hubo que hacer ciertas modificaciones, pero negociadas a nivel tripartito (gobierno-empresarios-obreros).
"Las imposiciones no son bien recibidas, pero todos tenemos que tener conciencia de los cambios y que hay que adecuar las legislaciones a las realidades nacionales", considera Castrellón.
Agregó que Pérez Balladares tuvo que tomar las decisiones que otros debieron adoptar hace 20 años, por lo que su aplicación ha sido más dolorosa.
Como efecto práctico señala que Panamá es el único país de Latinoamérica que ha tenido un crecimiento del 3%, debido a una disciplina fiscal, un sólido sistema financiero y la presencia del dólar.
Al igual que Castrellón, Alberto F. Pons da un punto favorable al tema de la privatización, al considerar que para el industrial es una norma y no la excepción, pues en Latinoamérica casi todos los países han incursionado en esta corriente que traspasa las empresas del Estado a la administración privada.
Opina que esta corriente se sustenta en que la empresa privada es más eficiente que la pública, y se requería para tener acceso a préstamos y a financiamiento de obras que de otra manera no se hubiesen podido hacer.
Sostiene que a largo plazo la medida debe traer ventajas comparativas. En forma inmediata cita el logro en materia de telefonía celular, aunque no opina igual del sector eléctrico, el que según dijo, debe ser más eficiente.
RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO ENTRANTE
Un país más productivo, altamente competitivo y que ofrezca mayor bienestar a su gente, son los puntos hacia los que se dirigen las recomendaciones del sector privado al nuevo gobierno.
Para Manuel José Paredes, de la Cámara de Comercio, cualquier ajuste que se haga es bueno, siempre que la política general de ir hacia la economía globalizada y abierta tenga como objetivo primordial la competitividad.
Reconoció que debe darse prioridad a los problemas de salud, educación, infraestructura y seguridad.
Recomendó crear las condiciones necesarias para que tanto inversionistas nacionales como extranjeros puedan hacer uso de las áreas revertidas para destacar la presencia de Panamá en el mundo.
En tanto Pons, del Sindicato de Industriales, le dice a la presidenta electa, Mireya Moscoso, que el país que no produce no progresa.
"Hay que entender que el trabajo que produce la industria es seguro, y segundo en salarios, luego del Canal de Panamá, inclusive con mucho más empleados y con estabilidad laboral", destacó.
El CoNEP, en tanto, recomienda a quienes asumen hoy el poder, que propicien una economía de mercado con responsabilidad social, lo que implica que se le dé al sector privado mayor libertad para que pueda crear bienestar y generar tanto riqueza como empleos.
A juicio de Nivia Rossana Castrellón, el Estado tiene el compromiso de velar que todo lo relativo a la parte social sea llevada delante de la mejor manera.
"Nuestra población no va a poder crecer ni ser más independiente, ni superar los problemas de desiguales niveles de pobreza o riqueza, si no tienen acceso a servicios públicos, de salud y educación", señaló.
Para la presidenta del CoNEP, Panamá debe superar ciertas tendencias que la afectan, como es el bajo número de empresarios por habitante en el continente.
"Debe hacerse el mayor esfuerzo para facilitar el inicio y la preservación de actividades empresariales. Eso es fundamental", afirmó.
"También se deben hacer programas muy integrales y abarcadores en todo lo que concierne a nuestras políticas de comercio exterior. Hay que analizar rubro por rubro, para determinar dónde hay competitividad y dónde se hace necesario hacer los cambios, analizando el tema de la reconversión y las necesidades de financiamiento", aseguró Castrellón.
Añadió que el nuevo gobierno debe tener muy claro el papel del sector privado, el cual necesita un gobierno que permita que se desarrolle la actividad empresarial.
"Todavía existen muchos obstáculos, y eso trae como consecuencia que muchos empresarios en potencia no asuman el riesgo", expresó Castrellón.
Explicó que los economistas llaman a estos obstáculos "altos costos de transacción", ya que es difícil hacer negocios en Panamá debido a la cantidad de pisos que hay que subir y bajar para obtener los permisos correspondientes, como es la conformación y suscripción de una sociedad anónima.
"La propia inscripción en la CSS es difícil y toma tiempo, así como la inscripción en el municipio. Todo esto hace que no haya incentivos para la actividad empresarial pequeña y mediana, que es el gran generador de empleos", detalló.
Afirmó que de 1995 a 1998, la empresa privada invirtió 451 millones de dólares en capital social, lo que significó al mismo tiempo la creación de 46,000 empresas, que a su vez, generaron 146,000 puestos de trabajo, aproximadamente 3 puestos de trabajo por cada empresa creada.
LOS ARANCELES
Para Paredes, de la Cámara de Comercio, cualquier ajuste arancelario es bueno, pues considera que los planes no son escritos en piedra y es humano equivocarse.
Indicó que la administración de Pérez Balladares redujo más de lo debido algunos aranceles que son necesarios para que el productor e industrial panameño trabajen en condiciones de igualdad, calidad y precio del producto importado.
Afirmó que ante estas circunstancias, se deben hacer las modificaciones pertinentes, pero aclara que ello debe darse sólo cuando a la subida arancelaria se le ponga una fecha límite para regresar a los niveles actuales, y que en ese periodo se dé la oportunidad a los nacionales de hacer los cambios que les permitan ser competitivos con el producto importado, tanto en calidad como en precio.
La posibilidad de una subida de aranceles no deben tomarla los productores como un simple acto de protección, sino que deben pensar en ser más competitivos e invertir en tecnología, opinó Pons, hasta hace dos semanas presidente del SIP.
Afirma que la prometida alza en los aranceles, por parte del gobierno entrante, no es la solución si no se acompaña de una inversión en tecnología, en mejorar las vías de producción y fortalecer los canales de exportación.
Sobre este tema, Castrellón, del CoNEP, sustenta que algunos aranceles fueron controvertidos, pero que la baja se tuvo que hacer, pero que la medida debió acompañarse de un programa de reconversión y de formación de los productores nacionales en el manejo y la comercialización de productos perecederos, pues sólo así es posible ser competitivos.
Considera que no debe pensarse en subirlos sino en fortalecer la competencia, recomendando al nuevo gobierno mucha "cautela".
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