El grupo expresó que se hace necesario que los estudios se presenten a la opinión pública cuanto antes, pues resulta inaceptable que para este tiempo aún se desconozca el contenido de lo que se pretende hacer en la vía.
El FPS, cuyo coordinador es el constitucionalista Humberto Ricord, considera que los estudios de la Comisión Tripartita divulgados en 1993 apuntan a que el proyecto tendría un costo de unos B/.7 mil millones, dineros cuya mitad provendría de los excedentes del Canal y la otra de préstamos de la banca privada.
"Las consecuencias de este proyecto serían las de reducir en cientos de millones anuales y por casi dos décadas los beneficios netos potenciales del Canal que deben ingresar al Tesoro Nacional para cubrir las necesidades del país", señaló.
Igualmente destacó que el proyecto desplazaría a miles de familias de bajos ingresos en el norte de Coclé y Colón, cuyas propiedades serían inundadas para suministrar el agua adicional que la ampliación requiere.
A juicio de Ricord, los principales beneficiarios del proyecto serían las constructoras, bancos, abogados ligados a navieras y la marina estadounidense.
"De los casi seis mil empleos que genera esta ampliación una gran cantidad serían acaparados por extranjeros", agregó.
El Comité Ejecutivo lo conforman además Marco Gandásegui, Roberto Méndez, Mario Rodríguez, Luis Chen y Dídimo Sierra.
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta anunció que para el mes de marzo se estarán presentando los estudios de la ampliación al Órgano Ejecutivo.
Según el FPS, el proyecto del tercer juego de esclusas será perjudicial para el país.
El ministro de Economía y Finanzas considera que lo ideal sería que el referéndum que decide la ampliación del Canal se efectuara este año.
