La promesa de campaña del presidente de la República Juan Carlos Varela de un gobierno transparente se contradice al haber nombrado dentro del Banco Hipotecario Nacional (BHN) como gerente jurídica a Edna Magaly Reyes Rodríguez, quien mantiene un proceso penal por el supuesto delito de retención de cuota obrero patronal en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS).
El 30 de mayo de 2014, la Fiscalía Novena Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de Panamá solicitó el llamamiento a juicio de Reyes y, acto seguido, el 2 de junio remitió el expediente (53745) al Juzgado Primero Municipal.
Los antecedentes del proceso contra la gerente jurídica del BHN se sustentan en la denuncia penal presentada el 18 de febrero de 2014 por el asesor legal de la CSS, Gustavo Benavides, ante la Fiscalía Novena Anticorrupción en la que a Reyes, representante legal del establecimiento comercial Instalaciones y Servicios Duradero, con número patronal 87-400-06321, se le señala por haber retenido la cuota empleado-empleador.
Acción fundamentada en vista de que dicha empresa mantenía una morosidad por el monto de $9,149.82 correspondiente a los meses de junio y julio de 2009.
Situación por la que se infiere que el empleador había retenido por más de tres meses las cuotas correspondientes a los salarios de sus trabajadores, configurando una conducta penal del delito tipificado como retención indebida de cuota obrero patronal.
Aun cuando Reyes al ser notificada reconoció la morosidad y aceptó un arreglo de pago con el Juzgado Ejecutor Segundo de la CSS, el 9 de febrero de este año se celebró una audiencia en el Juzgado Primero Municipal, en la que se dictó auto de llamamiento a juicio.
Hasta el momento está pendiente que se programe la fecha del juicio.
Se constató que Reyes ha cumplido con el arreglo de pago con la CSS, en el que se comprometió a la cancelación de la suma de $12,037.01, en concepto del total de la deuda actualizada hasta el 5 de mayo de 2014.
En el acuerdo quedó plasmado el compromiso de un abono inicial por el orden de los $5,000 y 24 letras por la suma de $330.84, a partir del mes de junio del año pasado.
La situación de Reyes es motivo de cuestionamientos por la sociedad, toda vez que al aceptar el arreglo de pago reconoce la comisión del delito, por lo que no reúne el perfil para el cargo que ostenta.
A juicio del dirigente médico y activista gremial Mauro Zúñiga, el presidente Varela, quien quiere levantar la bandera de transparencia, debe separar de su cargo a quien se le vincule con actos ilícitos, hasta tanto no se demuestre su inocencia o culmine la investigación.
Al respecto, el catedrático Miguel Antonio Bernal dijo que, en todo caso, habría que cuestionar a quien realizó ese nombramiento.
Su opinión personal es que la persona debe abandonar del puesto, ya que recordó que para ser servidor público se debe tener una hoja de vida prístina, transparente y cristalina. "Nadie que esté en esa situación debe ocupar un puesto dentro de la administración pública", subrayó.
Retención de cuotas es castigado con prisión de dos a cuatro años
Según el Código Penal, la retención indebida de cuotas obrero-patronal es un delito contra el orden económico. En la legislación penal, el director, dignatario, gerente, administrador, empleado o trabajador de una empresa que, en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleado-empleador a la CSS, siempre que estas superen la suma de los $1,000, o haya sido requerido por esa entidad para la liberación de la retención, será sancionado con prisión de dos a cuatro años de prisión.
La sanción se aumentará de una sexta a una tercera parte al empleador o representante legal que ordene al gerente o contador retener la entrega de la cuota.
Quien retenga y no remita los descuentos voluntarios del salario, autorizados por el trabajador, a su destinatario, dentro del plazo señalado al efecto, será sancionado con prisión de seis meses a tres años o su equivalente en días multas de fines de semana.
