Grupo Wisa, investigado en Guatemala por evasión fiscal
Actualizado 2015/08/02 08:44:57
- REDACCIÓN/@PANAMAAMERICA
La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala habría cambiado las reglas para que Wisa operara como ‘duty free’. Entre las requeridas por justicia del país centroamericano está Lucía Touzard Romo, quien también es directiva de la Zona Libre de Colón.

Las tiendas del conglomerado panameño Grupo Wisa están en el ojo de la tormenta en Guatemala, donde se les investiga por una presunta evasión fiscal por $7.6 millones, pero fuentes cercanas a ese grupo, liderado por Abdul Waked, alegan que todo se trata de una guerra comercial, que viene desde el año 2007.
El viernes fueron arrestados varios exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos, Rudy Baldemar Villeda Vanegas, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a quien el Ministerio Público chapín responsabiliza de la autorización, presuntamente anómala, para que Tiendas Libres de Guatemala (TLG) –de nombre comercial La Riviera– funcionara como depósito aduanero privado y, a su vez, como tienda libre de impuestos (duty free) en el aeropuerto La Aurora, publican medios guatemaltecos como El Periódico, La Hora y La Nación.
Las autoridades alegan que, según los reglamentos de la SAT, un almacén de depósito solo puede mantener la mercadería en tránsito sin pagar impuestos, pero no puede comercializarla sin antes cubrir los tributos para su internación.
Sin embargo, la SAT cambió su normativa para que La Riviera (Grupo Wisa) operara como duty free, citan los diarios.
Según los fiscales de Guatemala, la operación de este tipo de establecimientos solo puede ser aprobada por el Congreso de la República.
De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la jefa de la Fiscalía Contra Delitos Administrativos, Heidi Tamara de León, durante la gestión de Villeda se autorizaron diversas normas con las que TLG o La Riviera pudo evadir, por lo menos, 59 millones de quetzales ($7.6 millones), entre 2009 y 2012.
La fiscal indicó que el monto podría ser “mucho mayor”, porque aún no se contabilizan los impuestos que habrían dejado de pagar de 2013 a la fecha.
Además de Villeda, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Óscar Humberto Funes, exintendente de Aduanas; Mario Raúl Guzmán Marroquín, exsupervisor de Programación de Auditoría; Mayra Patricia Rodas Ruano, exjefa de Unidad de Normas y Procedimientos, y Lidia Lucrecia Roca Morales, exjefa de Gestión Aduanera de la SAT.
La viceministra de Gobernación, Paola Ovalle Cabrera, indicó que ayer se realizaron nueve allanamientos para cumplir con 12 órdenes de captura por este caso.
Hay otras siete personas prófugas, incluidas tres con orden de captura internacional, entre ellas, la abogada Lucía Touzard Romo, representante de Grupo Wisa de Panamá, que en 2008 negoció el contrato en cuestión.
Touzard -según el portal de la Zona Libre de Colón- figura como integrante de la junta directiva de esa área de comercio exterior- instancia que comparte con el contralor Federico Humbert y los ministros Melitón Arrocha, Álvaro Alemán y Dulcidio De La Guardia.
El 12 de septiembre, mediante Decreto Ejecutivo N.° 207, publicado en Gaceta Oficial N.° 27,620, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, designó a Touzard como uno de los cinco miembros del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón.
Grupo Wisa sostiene que cumplió con regulaciones de Guatemala
Grupo Wisa publicó un comunicado en el que señala que se sienten consternados por el agravio en el que “nos vemos sometidos, vinculándonos en procesos judiciales y desprestigiando nuestro nombre y honorabilidad, cuando hemos sido transparentes”.
Además, alegan que iniciaron operaciones en Guatemala cumpliendo todos los procedimientos y regulaciones establecidos por ese país, así como con todos sus compromisos tributarios.
Grupo Wisa sostiene que todos los permisos y contratos vigentes para operar en Guatemala fueron debidamente emitidos por las instituciones del Estado, siguiendo altos estándares éticos y legales. También reclaman garantías del debido proceso como lo establece la Constitución de Guatemala.
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