El presidente de la constructora española Sacyr, Manuel Manrique, manifestó ayer que las obras de ampliación del Canal de Panamá continuarán, ya que la compañía solo prevé el escenario del acuerdo dentro del contrato, lo que ha despertado diversas opiniones.
La empresa española lidera el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que ejecuta la obra de ampliación de la vía interoceánica y apuesta por alcanzar un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que solvente la falta de liquidez que presenta el proyecto y concluir las obras en el ejercicio 2015.
Las declaraciones de Manrique se dieron durante una rueda de prensa en España, para referirse a los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, que sigue muy de cerca la comunidad internacional ante la amenaza de suspensión de trabajos a partir del próximo 20 de enero, si no les reconocen los sobrecostos por más de 1,600 millones de dólares.
Manrique afirmó que sus reclamaciones son “justas, razonables y plenamente justificadas”, al tiempo que calificó la situación actual como un inconveniente puntual que “esperamos solucionar pronto”.
Sin embargo, en Panamá las declaraciones de Manrique no son una solución al conflicto, que podría afectar la ampliación del Canal.
El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Willys Delvalle, señaló que “si ellos en verdad van a terminar la obra, lo primero que tienen que hacer es quitar la amenaza o chantaje de suspensión que han impuesto, mientras no hagan eso, no puede haber una real intención de ellos de terminar la obra, es ilógico”.
Delvalle señaló que aquí no se está negociando con ninguna empresa que conforme el consorcio, porque el contrato se firmó con Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr, y ellos deben tener una vocería única como consorcio.
Destacó que “si ellos no pueden concluir la obra”, tan pronto salgan del proyecto, la Autoridad del Canal de Panamá se va a hacer cargo de la misma, “la va a concluir y vamos a tener un Canal ampliado”.
Al consultarles a GUPC sobre el propósito de las declaraciones del presidente de Sacyr, se limitaron a contestar que “las declaraciones de Manuel Manrique las hizo como CEO de la compañía Sacyr Vallehermoso”.
“GUPC, desde el primer momento, ha manifestado su intención de mantener el diálogo abierto”.
Destaca la respuesta enviada por correo electrónico que tiene como fin encontrar una solución de largo plazo trabajando de la mano de la ACP.
“Lo más importante para GUPC es concluir la obra en el plazo y con el menor coste posible”.
Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, confirmó que GUPC no ha retirado la intención de suspensión.
“Sé que Manrique está tratando de buscarle una solución al problema como líder de GUPC, pero no tenemos nada por parte del consorcio en sí”, dijo.
“Lo único que la ACP puede hacer en estos momentos ya se ofreció el martes pasado. Las propuestas aparentemente de GUPC que aparecen en los medios todas no son viables”, indicó.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Luis Ford, señaló que “confiamos en los mecanismos de negociación y resolución de conflictos establecidos en los contratos, así como en las estrategias desarrolladas para mitigar los diferentes riesgos que podría conllevar esta megaobra, que nos permitiría cumplir el sueño de todos los panameños de tener nuestro Canal ampliado”, indicó.
Plazo
El próximo 20 de enero se vence el plazo dado por GUPC para que les reconozcan los sobrecostos, que ellos estiman en más de 1,600 millones de dólares.
En carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Sacyr indicó que en marzo de 2013 la ACP efectuó una auditoría conjuntamente con expertos internacionales de los sobrecostos de ejecución de la obra y comprobó que los mismos son reales, razonables y acordes con el mercado, conforme a lo informado por GUPC.
El conflicto inicial hizo que la ministra de Fomento, Ana Pastor, viajara al país para mediar en el conflicto. En las primeras reuniones, el consorcio se comprometió a cumplir lo estipulado en el contrato, tal como se lo había solicitado la ACP.
Las dos partes en conflicto se reunieron (GUPC- ACP). La ACP le presentó al consorcio su oferta de que ambas partes aportaran $100 millones, además de que les extenderían por dos meses la moratoria de repago de $83 millones, pero ese mismo día GUPC la rechazó.
