En la secuencia de descubrimientos de territorios americanos efectuados por España, la presencia de Castilla del Oro entre las conquistas hispanas, representó un giro de 180 grados desde el punto de vista geopolítico, comercial y diplomático. Hasta la conquista de Cuba y Santo Domingo, España siguió mirando al Atlántico y por lo mismo continuó dependiendo del Estrecho de Gibraltar, como nexo de sus relaciones diplomáticas y comerciales con Europa y Asia. Cuando el capitán Hernán Cortez salió de la isla de Cuba, para llegar a las costas de Veracruz y Oaxaca y así entrar al corazón del imperio azteca, España vislumbró las potencialidades que desde todo punto de vista le ofrecía la conquista de nuevos territorios septentrionales.
El descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa y el arribo de la expedición al mando de Pedrarias Dávila a las nuevas tierras de Castilla del Oro, abrió un mundo incógnito. Nuevas rutas oceánicas por el Pacífico y el Caribe, le concedieron a Panamá la primaria de convertirse en base de las expediciones que, por el norte, consolidaron la conquista de las culturas indígenas de América Central y por América del Sur, la conquista del imperio de los incas. Panamá por su vocación de puerto se consolidó como el eje de la navegación y el comercio, que partiendo de América del Sur, buscaba la salida terrestre hacia los puertos españoles. De estas cada vez más crecientes necesidades de comunicaciones, brotó en el siglo XVI durante el reinado de Carlos V, el proyecto histórico de la construcción del Canal Interoceánico por la garganta del Istmo. Surgió así la idea de un Canal por Panamá. La ecuación Panamá como puerto y en función del Canal, propició que se afinara la perspectiva integracionista en el pensamiento político del siglo XIX. Un territorio enclavado en el centro del continente, a igual distancia del norte y el sur, punto de enlace de las rutas convergentes de Europa y Asia, reunía las condiciones para constituirse en la capital política de la integración hispanoamericana. Panamá debió ser, a partir del Congreso Anfictiónico de 1826, lo que son hoy Bruselas y Estrasburgo para la Unión Europea, vale decir, el cerebro político y diplomático de la "república de naciones" que proyectó el Libertador Simón Bolívar.
Sin embargo, al no poderse plasmar el proyecto integracionista bolivariano que hubiera favorecido a las naciones hispanoamericanas, Estados Unidos revalorizó en su beneficio el proyecto histórico del Canal con todas las ventajas que conllevaba el tener en el centro de América el dominio de una base territorial, bajo soberanía intervencionista, de redistribución del comercio y de mensajes ideológicos.
Podríamos sintetizar cuatro grandes momentos en las relaciones internacionales de Panamá:
Un primer momento como base de la expansión cultural y económica de España que nos liga a
intereses eurocéntricos.
Un segundo momento en el que, en el contexto de la independencia de España se gesta el
proceso integracionista desde Panamá.
Un tercer momento en que el dominio de Estados Unidos sobre el Canal impone modelos de
dependencia de Panamá.
Un cuarto momento en el que la aplicación de los Tratados Torrijos-Carter llevan a la
reformulación de relaciones internacionales abiertas y soberanas.
Las referencias históricas expuestas, el interés nacional de Panamá, así como nuestra prospectiva de Estado nacional determinan el condicionamiento de los grandes objetivos de la Política Exterior Panameña, pudiendo enumerarse entre los más importantes los siguientes:
Fortalecer la posición internacional de Panamá en la etapa post transición de la administración del Canal a Panamá, con el reconocimiento de la soberanía como atributo pleno.
Mantener el nivel de importancia alcanzado en las relaciones con los Estados Unidos.
Ganar un mayor espacio y profundización en las relaciones con los demás países
latinoamericanos, de Europa y Asia.
Procurar la inserción de Panamá en las Organizaciones Internacionales como la Unión Europea,
Naciones Unidas, OEA, OMC y Organización Marítima Internacional.
Intensificar las relaciones comerciales y diplomáticas dentro de foros y organismos
regionales como el área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), Mercosur, Grupo Andino,
Asociación de Estados del Caribe, etc.
Ampliar las relaciones comerciales y diplomáticas con las Naciones de Asia y el Sudeste
Asiático.
Acentuar la política de vinculación de Panamá a los programas de asistencia para el
desarrollo que impulsan los países altamente industrializados en áreas de interés nacional,
tales como educación, asistencia técnica y apoyos financieros.
Los medios idóneos para alcanzar los objetivos antes mencionados, deben llevarnos a considerar que el Gobierno Nacional debiera esforzar al máximo su creatividad política para situar las relaciones diplomáticas con todos los países y particularmente con los Estados Unidos dentro de un contexto de armonía, cooperación, entendimiento y mutuo respeto, en esta etapa de administración panameña del Canal. Existe una corriente ultraconservadora en los Estados Unidos que está proponiendo que después del traspaso del Canal, decrezca la jerarquía del tratamiento diplomático a la República de Panamá y se mantenga la presión, para que pueda existir una presencia militar de dicho país en Panamá.
Resulta conveniente que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, elabore una política bilateral de cooperación con Estados Unidos, preservando nuestra soberanía. La indiferencia diplomática estadounidense hacia Panamá podría ser tan inconveniente como la hostilidad. Por ello, para mantener el interés de Estados Unidos hacia nuestro país, podría estructurarse un nuevo diálogo bilateral a través de una Comisión Intergubernamental Permanente-panameña-estadounidense que analice y profundice nuevos ámbitos de cooperación comercial, de inversiones, educación, lucha antidrogas y otros que se estimen viables.
Por otro lado, los aspectos relacionados con la existencia del Canal y sus áreas adyacentes no deben dejar de jugar el rol propio que la importancia de las funciones de la vía acuática tiene para sus usuarios. Subsisten compromisos de parte de los Estados Unidos por razón de la instrumentación de los Tratados Torrijos-Carter, en relación con el Saneamiento de los Sitios de Defensa, Polígonos de Tiro y Areas de Coordinación Militar y, principalmente, con relación a la correcta aplicación del Tratado de Neutralidad.
Panamá no debe aceptar que existe un supuesto derecho de intervención en el Tratado de Neutralidad. Ni las Enmiendas, ni las Reservas aprobadas por el Senado estadounidense tienen valor jurídico. Panamá rechazó esas Enmiendas y Reservas al firmar el Protocolo de Canje de Instrumento de Ratificación de los Tratados. La ONU y la OEA prohíben la intervención. En la Comunidad Internacional lo que existe es el Principio de No Intervención. Dentro de esta misma línea de pensamiento debemos oponernos a toda iniciativa, negociación o acuerdo que signifique una presencia militar foránea en el país. El proyecto de Acuerdo sobre Fuerzas Armadas Visitantes, conocido en inglés con las siglas VEA, contradice los acuerdos políticos sobre seguridad nacional, disminuye en forma peligrosa la eficacia de la neutralidad del Canal y extiende en forma ilimitada al personal militar de los Estados Unidos los privilegios y prerrogativas que sólo corresponden a los miembros de una misión diplomática, donde ya existen agregados militares y navales, de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Según este proyecto de acuerdo, a un número indeterminado de personas, no le podría aplicar la ley panameña en casos de delitos y de contravenciones. En consecuencia, sin haberse terminado la euforia del 31 de diciembre de 1999 por el triunfo histórico que permitieron los tratados firmados por Omar Torrijos y James Carter, tendríamos que olvidarnos de tal celebración y esperar el milagro de una cuarta independencia nacional.
Con realismo y actitud muy alerta, es necesario esclarecer los alcances de la nueva iniciativa post Centro Multilateral Antidrogas. Lo primero que debiera precisarse es ¿qué motivos pueden justificar una nueva presencia militar de Estados Unidos en territorio panameño y por cuánto tiempo?, encontrándose en vísperas de la iniciación de la ayuda económica estadounidense a Colombia. Estados Unidos explora en la actualidad las posibilidades de obtener bases de aprovisionamiento aéreo en El Salvador, Ecuador y Aruba, a la búsqueda de un centro logístico latinoamericano que sustituya la retirada de Howard. Se trata de cuestiones nacionales delicadas que deben conducirse con transparencia por la Presidenta de la República y el Ministro Relaciones Exteriores, para que la opinión pública conozca los detalles de un posible compromiso de ese tipo y no negociarse in péctore; esto es, que sólo se conozca el resultado de un acuerdo tan trascendente, manteniendo en secreto su discusión, como ocurrió con el CMA.
Más allá de la consideración de una presencia militar foránea en suelo patrio, los aspectos específicos a considerar en relación con los Estados Unidos en esta nueva relación deben ser los siguientes:
El saneamiento de los sitios de defensa, polígonos de tiro y áreas de coordinación militar
La adecuada ejecución del Tratado de Neutralidad
La cooperación técnica científica
Las relaciones comerciales e inversiones
La responsabilidad conjunta en la lucha contra las drogas, sobre la base del Tratado de
Asistencia
Legal Mutua y acciones concertadas dentro de un esquema de co-responsabilidad. El Gobierno de los Estados Unidos de América tiene la obligación de cumplir con lo dispuesto en el Tratado sobre el Canal, uno de los Tratados Torrijos Carter, en cuanto al saneamiento de las bases militares estadounidenses que funcionaron en territorio panameño, eliminando toda amenaza a la vida y al medio ambiente. De ello depende que Panamá pueda utilizar una importante cantidad de tierras y bienes. Además, Estados Unidos y Panamá son parte de algunos convenios internacionales que imponen la necesidad de preservar la biodiversidad. Tal es el caso de la Convención de Basilea de 1989, la cual se refiere al Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, del 25 de abril de 1997, la cual ha sido aprobada por más de ciento diez (110) países. Además, se puede invocar el Convenio de Biodiversidad de 1992, producto de la Cumbre de la Tierra de ese año, celebrada en Río de Janeiro y el cual califica como un tráfico ilícito esta actividad.
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