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José Raúl Mulino: La cronología de un encierro injustificado

Mulino fue arrestado después de tres días de interrogatorios por un contrato firmado en 2010 por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, para la adquisición de 19 radares por 101.5 millones de dólares.

Redacción/@panamaamerica - Actualizado:
El exministro de Seguridad de Panamá, José Raúl Mulino, fue detenido el lunes 27 de octubre por orden de la Fiscalía Tercera Anticorrupción por la compra presuntamente irregular de radares a una empresa italiana para la lucha contra el narcotráfico. Mulino fue arrestado después de tres días de interrogatorios por un contrato firmado en 2010 por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, para la adquisición de 19 radares por 101.5 millones de dólares. El Gobierno consiguió en agosto pasado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera temporalmente el contrato de radares, de 90,5 millones de dólares, por supuestas irregularidades en la contratación, pactada en la administración anterior.  En ese momento de su detención, Mulino empezó a escribir varias cartas que al transcurso de los meses iba enviando a los medios de comunicación, donde acusaba directamente al mandatario actual Juan Carlos Varela de su detención. "Hoy presidente Juan Carlos Varela se podrá sentir satisfecho de su felonía y engrosado su apetito de venganza al colocarme las esposas que por su orden me llevan injustamente al cautiverio", dijo.  El gobierno había adquirido estos 19 radares para rastrear las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para el transporte de droga, pero una vez probados los equipos los organismos de seguridad panameños llegaron a la conclusión de que no cumplían los requerimientos.  Ricardo Martinelli al enterse de esta injusta detención de Mulino expresó que la detención de su exfuncionario se debe a un "pase de factura" por "decir la verdad" sobre la "dictadura" de Varela.  El 23 de febrero del 2016, el Gobierno anunció un acuerdo que ponía fin al contrato con una empresa del conglomerado italiano Finmeccanica para la instalación de radares en el país, lo que supone un ahorro de $100 millones para el Estado panameño.  El presidente Juan Carlos Varela detalló que esto se logró tras dos reuniones celebradas una en Roma y otra en París, en las que participó el primer ministro de Italia, Mateo Renzi. Fernando Berguido, embajador de panameño en Italia manifestó en su momento que el acuerdo firmado también establece que Panamá va recibir un crédito adicional de 29 millones de euros que podrá utilizar en la compra de helicópteros, piezas o cualquier otro producto producido por el conglomerado. Tras darse este acuerdo entre  ambas  partes, abogados, familiares y simpatizantes de Mulino pedían a gritos su liberación, ya que no había sustento alguno de que se mantuviera detenido. El 7 de marzo, el Juzgado Quinto Penal cambió las medidas de detención preventiva al exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz. El juez Enrique Paniza favoreció a Mulino con la medida de impedimento de salida del país, la obligación de notificarse cada 30 días y residir en su actual residencia. No satisfecha con la decisión de del juez, el 14 de marzo, la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, presentó los escritos en los que apelaba a las decisiones del juez penal Paniza, de declarar la nulidad relativa del expediente por la compra de los radares italianos y los cambios de medida cautelar a favor de José Raúl Mulino y Alejandro Garuz. Para el 18 de marzo, el Segundo Tribunal Superior está integrado por los magistrados Secundino Mendieta, María de Lourdes Estrada, Wilfredo Sáenz, Luis Mario Carrasco y Adolfo Mejía, rechazó esta apelación. El 20 de abril, el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó la liberación del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y del exjefe del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz.  Luis Carlos Gómez, uno de los abogados de Mulino agregó que del Juzgado Quinto Penal se le informó que el expediente, en efecto, fue enviado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para una notificación de la decisión. La fiscal debía remitir el expediente de Mulino y de Garuz al juzgado y de allí se gira el oficio de libertad favorable a estas dos figuras políticas. Pero esta liberación ocurrió un día después tras las presiones que se le hicieron a la fiscal Moore por su actitud. 
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