Las pruebas acumuladas en las sumarias en averiguación por el presunto delito contra la Administración Pública por las concesiones de los casinos no probaron que el hecho investigado constituya delito.
Este fue el fundamento jurídico avalado por el Juzgado Decimoséptimo, que utilizó la jueza Georgina Tuñón para declarar el sobreseimiento definitivo de manera objetiva e impersonal en dichas sumarias.
Anteriormente, en la vista fiscal No. 211 de 12 de abril de 2010, la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación había solicitado a la juzgadora, dictar un sobreseimiento definitivo, según consta en el fallo.
Argumentos.
El fallo hace referencia a incidentes admitidos en los que se decreta la existencia de un doble juzgamiento por el presunto delito contra la Administración Pública y por el supuesto delito contra la economía nacional, en su modalidad de blanqueo de capitales.
Pero por este doble juzgamiento se determina la prescripción de la acción penal en lo relativo al posible delito contra la Administración Pública.
Igualmente se decreta la nulidad de lo actuado, por no proceder el delito contra la economía, ordenando el archivo del proceso.
Esta decisión también la confirmó el Segundo Tribunal Superior, a través del auto No. 26-S.I, del 8 de febrero de 2010.
El abogado Luis Carlos Cabezas dijo que no emitiría concepto, porque llegó a un acuerdo con su cliente.
Una fuente ligada a la investigación sostuvo que ellos consideraron, en su momento, que era necesario que Pérez Balladares declarara en el caso.
En este caso se tomó declaración jurada a Pérez Balladares sobre las concesiones otorgadas durante su administración, al igual que a Jorge Vernaza y Helios Navarro Cruz.
Se investigaban supuestas irregularidades en la privatización de la actividad de juegos de suerte y azar y beneficios dados por funcionarios a la empresa Lucky Games.
