La estrategia que deja acorralado a De Gracia
La investigación detalla cómo Publio De Gracia saldaba tarjetas de crédito "al cash" sin dejar trazabilidad, ni nungún rastro del dinero.
Publio De Gracia, quien estuvo al frente de la DGI durante la administración del PRD, fue imputado por supuesto enriquecimiento injustificado.
Tocar la fibra social sobre la desigualdad y la pérdida de empleos que golpearon al panameño de a pie durante y después de la pandemia del coronavirus, pareció ser la estrategia del Fiscal Anticorrupción Eduardo Rodríguez para lograr convencer al juez Fermín Bonilla de decretar la detención provisional del exdirector de la DGI, Publio De Gracia.
La estrategia de la Fiscalía, centrada en remarcar cómo el exfuncionario presuntamente llevaba una vida de lujo mientras el país atravesaba su peor crisis económica reciente, al parecer fue determinante para fundamentar el riesgo de fuga, la posible afectación de pruebas y el daño a la confianza en la función pública.
De acuerdo con las investigaciones, el desbalance patrimonial de De Gracia es abismal. Antes de ingresar a la Dirección General de Ingresos (DGI), el exfuncionario laboraba en la empresa privada con un salario de $2,400 y ahorros que no superaban los $20 mil. Sin embargo, su gasto posterior rozó los $2 millones, dejando una brecha de más de $724 mil que no ha podido justificar.
El modus operandi presentado por el fiscal Rodríguez consistía en solicitar préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito para luego saldarlos rápidamente y casi en su totalidad en efectivo.
Tan solo en tarjetas de crédito, De Gracia habría consumido y cancelado más de $700 mil al "cash", un mecanismo utilizado supuestamente para evitar la trazabilidad bancaria sobre la procedencia de los fondos.
Reuniones fuera de la DGI y denuncias de acosoEl caso dio un giro revelador con el testimonio de Ninoshka Ríos Samaniego, exasistente en la DGI.
Ríos, cuya aprehensión fue legalizada por la juez Sheryl Toulier, dejó al descubierto reuniones que el exdirector sostenía fuera de la institución con personas ajenas a la entidad para acordar asuntos vinculados, según se mencionó, a la DGI.
Asimismo, la investigación detalló transferencias de más de $60 mil hacia Ríos y un "préstamo" de $10 mil para la compra de un vehículo que ella adujo no tener obligación de pagar.
En su declaración, la exfuncionaria, imputada por blanqueo de capitales por más de 60 mil dólares, confesó haber vivido bajo temor debido al acoso de De Gracia, situación que la obligó a desplazarse hacia el interior del país, hasta donde el exdirector fue a buscarla.
En la misma audiencia se evaluó la situación jurídica de la esposa de De Gracia, Elaine Salteiro González. A pesar de que la Fiscalía indicó que sus cargos también se encuentran comprometidos en la causa, el juez Fermín Bonilla optó por no aplicarle la detención en prisión.
La decisión del juez se fundamentó en razones humanitarias y de protección familiar.
La pareja tiene bajo su custodia a un hijo de 6 años cuyos derechos se verían severamente afectados con la detención de ambos padres.
Salteiro padece complicaciones de salud tras haber sufrido una isquemia, sumada a cuadros de estrés y ansiedad.
Por estos motivos, se le otorgó la medida cautelar de reporte periódico dos veces por semana (lunes y viernes), impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con los demás involucrados y la obligación de mantenerse en su domicilio ubicado en el PH Costanera.