La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consignó en su informe de medio año que el Grupo Epasa denunció que desde inicios de 2015, la Dirección General de Ingresos (DGI) le abrió tres procesos sobre impuestos.
Al final de su reunión de medio año, la SIP informó que Epasa dijo que enfrentó un primer proceso contra la empresa editorial y un segundo, dirigido a la compañía propietaria de las instalaciones, rotativas, equipos y maquinarias.
Destaca el informe que los directivos del Grupo Epasa presentaron en ambos procesos recursos de reconsideración, sin recibir respuestas por más de un año.
Luego se abrió un tercer proceso contra la sociedad accionista o holding del Grupo, la que solo actúa como accionista y no tiene operaciones, sin que todavía se emita una resolución.
El Grupo Epasa denunció ante la reunión efectuada en Punta Cana, República Dominicana, que considera estos procesos como “un acto de abuso del poder que intenta coartar la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El citado informe también incluye la denuncia que hizo el periodista Álvaro Alvarado, el pasado 5 de abril, de que la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó al Colegio de Periodistas de Panamá que lo sancionen por divulgar las quejas de los usuarios y criticar la labor de los directivos de esta institución.
Sostiene que el 7 de abril, el director de Relaciones Públicas de la CSS, José Miguel Guerra, renunció a su puesto en el Seguro Social argumentando que recibió ataques de colegas periodistas.
Además, consigna que el periodista y abogado Julio Miller mantiene una medida cautelar de impedimento de salida del país por recibir un pago de $20 mil por servicios profesionales prestados a la empresa Hidalgo & Hidalgo, investigada por el Ministerio Público panameño.
El documento de la SIP plasma que la periodista Carmen Boyd fue blanco de robo y vandalismo en su vehículo, por lo cual responsabilizó al Consejo Nacional de Seguridad.
Boyd dijo que responsabiliza al Consejo de cualquier cosa que le pase, ya que atribuye estos hechos a sus denuncias en contra del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
En la primera versión de su informe, la SIP consignó que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de $25 mil, impuesta al diario Panamá América y a los periodistas Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio, por publicar una información que habla de la construcción de una carretera que beneficiaba al entonces ministro Winston Spadafora.
También se menciona la sanción impuesta a KW Continente por no llevar un registro de propagandas de instituciones estatales y el proceso administrativo abierto contra el Grupo Epasa y el canal de televisión centroamericano CB-24 por la publicación de un extracto de una encuesta de opinión pública.
Datos
En el informe se destaca que, debido a la presión ejercida por diversos gremios, se logró que los magistrados del Tribunal Electoral y los diputados admitieran la posibilidad de realizar las modificaciones solicitadas a las reformas electorales, sobre todo, lo establecido en el artículo 409 del Código Electoral que permite a la corporación cerrar medios de comunicación.
La discusión de las reformas electorales están suspendidas hasta la próxima legislatura, que se inicia en el mes de julio de este año.
Los medios de comunicación y la sociedad civil denunciaron en diferentes ocasiones que las reformas le otorgaban a los magistrados del Tribunal Electoral excesivos poderes que resultaban peligrosos para el ejercicio de la democracia en el país.
