Latinoamérica "sigue siendo la región más peligrosa del mundo para trabajar como periodista", como lo refleja el hecho que de los 54 informadores asesinados en 2002 en todo el planeta, 22 correspondan a esa zona y, de ellos, 15 sólo a Colombia, según el informe anual del Instituto Internacional de Prensa (IPI).
El IPI señala que tres periodistas fueron asesinados en México, dos en Brasil, uno en Bolivia y otro en Venezuela, así como otros muchos fueron amenazados, acosados o atacados físicamente, entre otros, por oficiales corruptos y por la delincuencia organizada para impedir a la prensa que hiciera su labor.
Si no se enfrentan a ataques violentos y amenazas, los periodistas sufren presión, legal, administrativa y económica de las autoridades, afirma el IPI, red global de editores y directivos de medios de más de 110 países con sede en Viena. Los periodistas mueren a manos de "terroristas de izquierda o de derecha" y son considerados objetivos legítimos por un número creciente de individuos o grupos.
Los periodistas en Latinoamérica tienen que luchar contra un muro de litigios, "como cargos por difamación criminal, libelo y calumnias", añade el informe. Las llamadas leyes de desacato que protegen el honor de los funcionarios públicos siguen siendo esgrimidas por las autoridades, mientras que otras también hostiles a la libertad de expresión, como las normas que imponen a los periodistas para obtener licencias, graduarse o ser miembros de asociaciones de prensa y así poder ejercer su labor, se aprobaron o se debaten en varios Parlamentos de la región.
En varios países, los Gobiernos "intentan usar los impuestos para influir en la cobertura de prensa", mientras los periodistas se quejan de la falta de acceso a información pública y del excesivo uso de la fuerza por la policía y los mialitares.
"El clima de intolerancia en muchos países latinoamericanos ha llevado a que la autocensura sea algo común, especialmente si se trata de temas políticos delicados", dice el texto del IPI. Además, la profunda recesión "ha tenido un enorme impacto en los medios de numerosos países en los que la prensa impresa sufre de pérdidas de circulación y una grave caída de la publicidad". En Argentina y Uruguay, entre otros países, "la situación se ha exacerbado por los pesados lastres impositivos", según el informe.
"Una vez más, Colombia ha demostrado ser el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo", afirma el IPI. La campaña de su presidente, Alvaro Uribe, "para coaccionar a los propagadores de la violencia ha tenido poco impacto inmediato en el compromiso de los periodistas del país que siguen siendo el objetivo de los izquierdistas rebeldes, de los paramilitares de derecha, de los traficantes de drogas y de los criminales comunes".
A los 15 periodistas asesinados se les suman los que fueron secuestrados, los que fueron obligados a abandonar Colombia o a esconderse por amenazas de muerte, así como los atentados con explosivos contra varias infraestructuras de medios de prensa, con graves daños.
En Argentina, 2002 "estuvo marcado por numerosos casos de acoso y ataques contra los periodistas, excesiva fuerza policial y varias disposiciones legales contrarias a la ley de prensa".
En Brasil, los periodistas que denuncian la corrupción, el tráfico de drogas y otras actividades ilegales continúan enfrentándose a amenazas, acosos, ataques físicos e incluso a la muerte por manos de intermediarios del poder local y de delincuentes.
Los medios de prensa en Chile pudieron trabajar, por lo general, libremente, pese a los cargos criminales de insulto contra el comentarista televisivo Eduardo Yáñez y el decomiso del libro del periodista Cristóbal Peña "Cecilia, la vida en llamas", sobre la represión bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet.
En Cuba, el partido único sigue coaccionando a la prensa independiente del país y sus autoridades sistemáticamente controlan, acosan, amenazan y detienen a los periodistas, mientras en Haití hubo un aumento de las amenazas y el uso de la violencia contra los informadores por parte de los simpatizantes del Gobierno.
En México, "los periodistas que investigan casos de tráfico de drogas y de corrupción, especialmente en la frontera con EU, siguen estando acosados, amenazados y asaltados".
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