Las autoridades del Gobierno deben asumir sus responsabilidades y no creer que los llamados a una Constituyente son actos para desestabilizar el país, dijo ayer el presidente del Partido Solidaridad, Samuel Lewis Galindo, durante el desarrollo del foro "Alternativas Constitucionales del Estado Panameño.
El veterano político, que no precisó si el colectivo que dirige apoyará una iniciativa que busque una reforma constitucional, expresó que es evidente por muchas razones que Panamá requiere una reforma a su Carta Magna.
De acuerdo con Lewis Galindo, las máximas autoridades panameñas no deben obviar que hay un creciente movimiento ciudadano que propugna por un cambio constitucional, por lo que debe canalizar y atender esas inquietudes.
"Yo creo que un país que cuente con una Constitución que tenga el respaldo del pueblo facilita una gestión de gobierno", sostuvo.
El foro organizado por el partido Solidaridad tuvo como expositores a personas vinculadas al ámbito del derecho y el análisis de la actual Constitución Nacional, como Luis González, secretario general del Sindicato Convergencia Sindical y Raúl Aparicio, en representación del Colegio Nacional de Abogados.
También participaron en calidad de expositores los abogados José Alberto Alvarez y Carlos Alfredo López Guevara. El constitucionalista César Quintero, quien se encontraba entre la audiencia, fue invitado para que hiciera una exposición personal sobre el tema.
Todos los panelistas, sin excepción, consideraron urgente realizar un cambio íntegro a la Constitución Nacional y evitar así los parches.
Uno de los planteamientos más férreos contra la actual Carta Magna fue hecho por Raúl Aparicio, quien precisó que una Asamblea Constituyente sería la vía más adecuada para garantizar un proceso reformatorio con la participación ciudadana.
Desde su punto de vista, la actual constitución reclama cambios en la organización de los tres órganos de Estado, a fin de verificar una mayor participación y no solo representación del electorado en las tomas de decisiones.
Agregó, que un cambio constitucional debe incluir la segunda vuelta electoral que legitimice el poder de quien gobierne. Así también, consideró innecesaria la figura de los vicepresidentes y criticó el centralismo de poder del Organo Ejecutivo y los excesivos privilegios de los miembros del Legislativo.
El abogado José Alberto Alvarez, por su parte, calificó de rígida la actual Constitución y de antidemocráticos los mecanismos establecidos para su reforma. "En el proceso de reforma de la Constitución la participación ciudadana debe ser mayor, sin embargo, nuestra Carta excluye totalmente a la ciudadanía de esa práctica", precisó.
Como vicios de la Constitución, mencionó el poder que se otorga al Ejecutivo para el nombramiento de personas en puestos de importancia, como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y el Tribunal Electoral, entre otras instancias públicas.
Mientras tanto, el constitucionalista Carlos López Guevara evaluó las alternativas que podría incluir una reforma constitucional, entre las que detalló la instalación de un régimen parlamentario, por el balance y la coordinación que ello representaría.
Al igual que sus compañeros de mesas, López Guevara consideró que la actual Carta Magna otorga poderes ilimitados al presidente de la República.
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