El pleno legislativo aprobó anoche en tercer debate el proyecto de ley, mediante el cual se derogan las denominadas "leyes mordaza" que atentan contra el ejercicio del periodismo en Panamá.
Por medio del proyecto, se derogan los artículos 15, 16, 17 y 19 de la Ley 11 de 1978, por medio de la cual se regulan los medios de comunicación social y la publicación de material impreso.
Los artículos derogados disponían penas de prisión hasta de seis meses y multas hasta de B/.2,500 para quienes "escriban documentos falsos", además establecía la figura de "responsables solidarios" a los directores o el medio de comunicación en el cual se difundían este tipo de publicaciones.
Igualmente se derogó la Ley 68 de 1978, norma mediante la cual se creó la Junta Técnica de Periodismo, como ente encargado de otorgar las idoneidades a los profesionales de esta rama de la comunicación social.
El proyecto otorga al Organo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobierno y Justicia, un plazo de 180 días para presentar, ante la Asamblea Legislativa, los proyectos de ley sobre las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión que deben reemplazar las normas derogadas.
De no cumplir con esta labor en el plazo otorgado, corresponderá a la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa, previa consulta con los gremios profesionales y empresariales a fines a esta actividad presentar un proyecto de ley para regular la materia.
En la discusión en primer debate del proyecto, el legislador Pedro Miguel González, miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), se mostró a favor del proyecto, pero expresó su preocupación porque a partir de la fecha todos los panameños honestos quedan "indefensos" ante algunos periodistas irresponsables que se aprovechan de su condición para "chantejear".
Afirmó que espera que la derogación de estas leyes, no den lugar a que haya abusos que se registrarían en nombre de la libertad de expresión.
Mientras que el proponente del proyecto, el oficialista Arturo Araúz dijo que la aprobación de esta norma permitirá a Panamá entrar a un nuevo siglo con una legislación que permite la plena libertad de expresión, lo que acerca al país al perfeccionamiento de la democracia.
