Hoyos sostiene que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), irrespetó el ordenamiento jurídico al otorgar la exoneración tributaria.
Criticó a sus colegas porque el caso de PPC se ha extendido mucho.
El Pleno deberá conocer la advertencia y luego la Sala Tercera resolverá la demanda interpuesta por los legisladores del Pacto META contra la resolución del MICI.
Esto dilatará la discusión de la demanda y permitirá que PPC siga con la exoneración.
Hoyos censura a los magistrados por no haber suspendido el contrato a PPC hasta resolver el fondo de la demanda, que se encuentra en el despacho del magistrado Winston Spadafora.
Estabilidad en su cargo.
Ascensos y traslados.
Participación en programas de rehabilitación o reeducación en caso de consumo de drogas.
Bonificación por antigüedad.
Optar por licencias con sueldos.
Integración en asociaciones, para la promoción y dignificación del servidor público.
La conocida Ley de Carrera Administrativa o la Ley 9 de 1994 es considerada como una ley romántica que espera a que el príncipe azul aparezca y la despierte porque la pasada administración la dejó sin efecto.
Con la carrera administrativa el Estado garantizaría la selección del trabajador mediante la proporción de personal idóneo; permanencia y estabilidad condicionada a la competencia.
Pero así como establece privilegios para evitar el clientelismo político, aplica sanciones disciplinarias en caso de que el servidor público incurriera en faltas administrativas.
La acreditación y destitución de funcionarios quedaron en el limbo. La Junta de Apelación y Conciliación la Junta Técnica nunca funcionaron.
Esta situación evitó que empleados reciban una indemnización por parte del Estado en concepto de salarios caídos, al ser destituidos a pesar de estar en carrera.
A criterio del legislador perredista y ex dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Ávila, indicó que urge plantear la necesidad que los puestos del sector público vayan a concurso.
Actualmente sólo hay 7,500 servidores en carrera administrativa, de entre 8,500 que durante la gestión Ernesto Pérez Balladares se integraron de 6 ministerios.
Lamentablemente la ley fue suspendida por el gobierno de Mireya Moscoso, mediante la resolución No. 122 del 27 de octubre de 1999.
En este sentido, Ávila presentará ante el pleno legislativo un proyecto de ley que buscará reformar 27 artículos de la ley para hacerla más eficiente.
Entre los cambios se plantearán indemnizaciones.
Las cifras indican que cada cinco años el Estado gasta entre cuatro a cinco millones de dólares en capacitaciones de nuevo personal.
Es un problema de cobertura, según Luis Carlos Castroverde, exdirector de la Carrera Administrativa.
Si bien la ley tiene buenas intenciones, habría que establecer y definir con mayor precisión sus objetivos, porque no es lo mismo un sistema de protección que un sistema de mérito para los servidores públicos.
Cuando se hizo el esfuerzo de la ley nos dimos cuenta que tiene un alcance muy abarcador para la realidad de nuestro país.
El sistema, tal como está diseñado, requiere de una revisión integral para analizar varios aspectos técnicos y de cobertura.
Además habría que establecer un mencanismo que permita que los funcionarios que ingresen al sistema revaliden su capacidad.
También está el problema de la disparidad salarial que requiere un ordenamiento y una revisión integral de la estructura.
