Ministros y altos directivos de la administración Varela siguen siendo señalados por malas prácticas durante, lo que incide en la mala percepción hacia este Gobierno por parte de la población.
La ministra Marcela Paredes representa uno de los casos más recientes de supuestos actos de corrupción, al autorizar el alquiler para el Meduca de 31 lujosas instalaciones en el centro comercial Terrazas de Albrook, a un costo de $2.5 millones por 37 meses para alojar al personal de 'Mi Escuela Primero', así como la sede de un nuevo Viceministerio de Infraestructura.
El vocero del partido Cambio Democrático (CD), Luis Eduardo Camacho, puso ayer la denuncia contra la ministra de Educación Paredes y el contralor, Federico Humbert, por la posible comisión del delito contra la administración pública.
Pero hay otros ministros han sido fuertemente cuestionados, como es el caso del titular de la Presidencia, Álvaro Alemán, al igual que su hermano Jaime, socios de las firmas de abogados que representan a sociedades mencionadas en Lava Jato.
En tanto, le sigue el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien ha favorecido en varias ocasiones a una firma de abogados en la cual laboró, por lo que hace unos meses, el frente Anticorrupción solicitó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), investigar un posible tráfico de influencias por parte de De La Guardia.
Exfuncionarios
Otros ya no ejercen funciones, pero se han visto obligados a renunciar por sus vínculos con supuestos actos de corrupción.
Uno de estos es Grimaldo Córdoba, condenado a 42 meses de prisión por la práctica ilegal de la medicina. A pesar de la condena anunciada, Córdoba salió del juzgado hacia su residencia.
Además, el primer director del Instituto de Mercado Agropecuario (IMA) en la gestión Varela, Edwin Cárdenas, decidió renunciar al ser acusado de malos manejos de fondos públicos. La Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de $5.3 millones de dólares durante su administración y lo denunció por peculado.
Zulema Sucre, exviceministra de Desarrollo Social, también fue denunciada por tres escoltas que fueron despedidos y que alegan que a ellos se les exigía pasear a su mascota Gucci, como parte de su trabajo.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, y el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, habrían violado la ley de contrataciones al mentir sobre la información real de los contratos.
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