A raíz de la firma de los últimos acuerdos de seguridad con Estados Unidos, la presidenta de la República, Mireya Moscoso, negó ayer que esté entregando nuevamente el país a los norteamericanos, y afirmó que la seguridad de la "vía acuática está en manos de panameños", pues existe un Consejo de Seguridad que tiene que velar por ello.
Indicó que simplemente se brindó una seguridad extra para el Canal y se aprovechó. "Esto se ha hecho en otros países después del 11 de septiembre, yo creo que es una oportunidad que tiene Panamá y la ha aceptado", enfatizó.
Al ser interrogada si es cierto que los Estados Unidos utilizará Panamá como punta de lanza para sus ataques hacia Colombia, Moscoso advirtió "que no se confundan porque la seguridad de la vía acuática y de las fronteras está en manos de panameños".
"No es cierto que se utilice el Canal, esto tengo que desmentirlo porque desde el principio he manifestado que no aceptaré tropas extranjeras en el país", subrayó.
"Ellos salieron, ellos se fueron, y lo que están en la frontera de Darién con Colombia son panameños", añadió la gobernante. Según Moscoso, pueden haber aspiraciones de algunos panameños de que los norteamericanos regresen, pero eso no lo vamos a permitir.
Sobre el reciente acuerdo pactado entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y agencias del Equipo de Respuesta Nacional de los Estados Unidos, el exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter, Carlos López Guevara, aseguró que podría ser demandado ante la Corte Suprema de Justicia por "inconstitucional", mientras el exadministrador del Canal, Fernando Manfredo, manifestó que debió ser firmado por la Cancillería, y pidió a las autoridades mucho cuidado con la firma de acuerdos con los estadounidenses.
Con el acuerdo, las agencias podrían trabajar en conjunto con la ACP en ciertos incidentes de contaminación ambiental, accidentes y prevenir otros desastres que afecten el funcionamiento de la vía interoceánica.
Según López Guevara, la Constitución Nacional en una norma sobre el Canal de Panamá en su artículo 319 establece que es el Organo Ejecutivo el que puede firmar acuerdos sobre la vía interoceánica, atinentes a la protección del mismo "y ese es uno de los temas que contienen estos convenios".
Indicó que es extraño que lo haya suscrito una agencia de la ACP cuando esta materia está reservada al Ejecutivo y luego al referéndum de los panameños, "primero hay que satisfacer lo que señala la Constitución", enfatizó.
Señaló que se está dando una práctica nociva de la administración pública de acuerdos que en Estados Unidos no pasan por el Congreso y se quiere hacer lo mismo acá, a pesar que la Constitución establece que los tratados y convenios que suscriba Panamá deben pasar por la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo, antes de ser ratificados.
Este acuerdo dijo puede ser demandable y cualquier gobierno posterior puede decirle a Estados Unidos que lo va a suspender, por obviamente contradecir normas muy claras de la Constitución. "El acuerdo es inconstitucional no por el contenido sino por el procedimiento", enfatizó.
Por su parte, Fernando Manfredo indicó que es perfectamente aconsejable que la ACP pueda contar con un apoyo frente a algunas situaciones donde sus recursos propios no son suficientes. "pero hay que determinar cuál es el contenido de esos acuerdos, porque siempre tienen dos variantes, lo que tu vas a recibir y lo que tienes que dar a cambio".
Manifestó que cuando se trata de un acuerdo con Estados Unidos, llámese agencia o lo que quieran, entonces hay que ser sumamente cuidadosos, porque se estaría comprometiendo acciones del propio Gobierno Nacional. "Si algunos de esos acuerdos rozan con asuntos que tienen que ver con la soberanía nacional, la cosa todavía es aún más seria".
Lo apropiado en este caso es que los acuerdos se celebren a nivel de la Cancillería, y la ACP daría toda la información técnica necesaria para que se pueda concertar en el acuerdo.
