El Ministerio Público (MP) de Panamá exigió hoy el llamamiento a juicio y la condena de 14 panameños por blanqueo de capitales y tráfico de drogas, durante el inicio de la audiencia preliminar a los sindicados.
El fiscal antidrogas del MP, Edwin Guardia, dijo a la prensa, durante un receso de la audiencia, que su intención "es lograr el convencimiento de la juez" sexta penal, Isis Joseph, para que dicte el llamamiento a juicio de los acusados en el denominado caso de la "Operación Ley Patriótica", mediante la cual todos fueron detenidos.
La audiencia se desarrolla en la sede del Tribunal Marítimo del órgano Judicial (OJ) y se tiene programado su final para el viernes próximo, según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el expediente, que consta de 16 tomos, figura como imputado el comisionado de la Policía Nacional (PN) Carlos Soto Vega, quien se mantiene detenido desde hace más de dos años.
Junto a Vega están sindicados José del Carmen Castro y su esposa María de los Angeles Hernández de Castro, Juan Ramón Messina, Issac Betesh Castillo, Gustavo Gregorio Guillen, Jorge Ramos Hernández, Ester María Guerra, Cristina Janeth de Betesh, Alejandro Alberto Justiniani, Rafael Emir Castro, Dessire Geoconda de Messina, Yarelis Vaneza vila de León y Jorge E. Ramos Villarreal.
Guardia hizo un resumen y sustentó sus acusaciones contra cada uno de los imputados y le explicó a la juez el supuesto grado de participación en la organización que, a su juicio, se dedicaba al tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, señaló la CSJ.
Una vez que terminó la participación del fiscal, se pasó a la fase de los alegatos con la participación de Arturo González, abogado de Issac Betesh Castillo, considerado el cabecilla de esta red criminal, según las investigaciones.
En 2006, mediante la operación "Ley Patriota" se desarticuló en la ciudad de Panamá una banda de "tumbadores" de droga (que roban droga a los narcotraficantes) y de blanqueo de capitales, de la cual resultaron sindicados y detenidos 14 de sus miembros, todos panameños, y a la que se vinculó también a unos 75 testaferros.
Se les decomisó, además, más de 30 millones de dólares entre dinero en efectivo, bienes inmuebles y muebles, autobuses de ruta, taxis y vehículos particulares.
Un seguimiento a esta operación llevó a finales de noviembre de 2007 al desmantelamiento de una red internacional de traficantes de armas y drogas que operaba en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, integrada por mexicanos, colombianos y panameños.
